Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 30 No. 111, 2025, 1252-1266
Julio-Septiembre
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Como citar: Aguirre, J., y Herrera, H. (2025). Corrupción municipal: un análisis del caso mexicano. Revista Venezolana de Gerencia, 30(111), 1252-1266. https://doi.org/10.52080/rvgluz.30.111.1
Corrupción municipal: un análisis del caso mexicano
Aguirre Ochoa, Jerjes*
Herrera Torres, Hugo**
Resumen
La construcción de obra pública se constituye como uno de los principales generadores de corrupción en México. Este artículo analiza específicamente la corrupción en la obra pública municipal en México desde una perspectiva de corrupción estructural, utilizando un enfoque etnográfico y entrevistas a profundidad con actores clave en la ejecución de la obra pública municipal. Se argumenta que la corrupción en obras públicas no es simplemente un problema de supervisión individual, sino un proceso complejo de corrupción arraigado en las transiciones democráticas de México, donde la obra pública se convierte en un medio para financiar actividades políticas y electorales. El enfoque de corrupción estructural resulta útil para comprender esta forma de corrupción arraigada en las instituciones políticas y sociales mexicanas. Se destacan la falta de rendición de cuentas, la persistencia y continuidad de prácticas corruptas a lo largo del tiempo y la ineficacia de las instituciones de vigilancia y control de los recursos públicos como características de la corrupción estructural. Se concluye que la solución a este problema complejo debe abordarse desde una perspectiva multidimensional, considerando aspectos como la mejora de los procesos electorales, la rendición de cuentas y la construcción de una gobernanza efectiva en el manejo de los recursos públicos.
Palabras clave: corrupción; corrupción municipal; obras públicas.
Recibido: 21.01.25 Aceptado: 07.04.25
* Doctor en Administración de Organizaciones. Profesor Titular en la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, México. Email: jerjes.aguirre@umich.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7858-5166
** Doctor en Ciencias Políticas. Profesor Titular en la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, México. Email: hugo.herrera@umich.mx. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3685-4043
Municipal Corruption: An Analysis of the Mexican Case
Abstract
Public works construction is one of the main drivers of corruption in Mexico. This article specifically analyzes corruption in municipal public works in Mexico from a structural corruption perspective, using an ethnographic approach and in-depth interviews with key actors in the execution of municipal public works. It argues that corruption in public works is not merely an issue of individual oversight but rather a complex process of corruption rooted in Mexico’s democratic transitions, where public works become a means to finance political and electoral activities. The structural corruption approach is useful for understanding this form of corruption embedded in Mexico’s political and social institutions. The lack of accountability, the persistence and continuity of corrupt practices over time, and the inefficacy of oversight and control institutions in managing public resources are highlighted as key characteristics of structural corruption. The article concludes that addressing this complex problem requires a multidimensional approach, considering aspects such as improving electoral processes, enhancing accountability, and building effective governance in the management of public resources.
Keywords: corruption; municipal corruption; public works.
1. Introducción
La construcción de obra pública constituye una herramienta esencial para incidir en el desarrollo social y económico. Desde la construcción del Estado moderno mexicano a mediados del siglo XIX, la obra pública ha sido una labor esencial realizada por el Estado mexicano. Sin embargo, las grandes cantidades de recursos económicos que conlleva esta actividad la han convertido en una fuente sustantiva de corrupción (Contreras, 2020; Deloitte, 2017).
La corrupción en obra pública ha captado de modo reciente la atención, especialmente con casos notorios como Odebrecht, que implicó a una empresa multinacional con operaciones en varios países de América Latina (Morales, 2023). No obstante, es importante destacar que la corrupción en la obra pública no se limita únicamente a las actividades de grandes empresas transnacionales en diversos países, sino que también se manifiesta a nivel federal, de gobiernos subnacionales (estados) y todavía más claro a nivel de los gobiernos locales.
En este contexto, el propósito de este artículo es examinar los procesos de corrupción en el ámbito de la obra pública municipal, centrándose en un análisis de cuatro municipios en el estado de Michoacán en el occidente de México. Los proyectos de obra pública municipal pueden incluir la construcción y reparación de calles, avenidas, plazas, parques, edificios municipales, sistemas de alcantarillado, instalaciones deportivas, entre otros, que buscan fortalecer la infraestructura local, promover el desarrollo económico y proporcionar servicios esenciales a la población. La importancia de los proyectos de obra pública municipal reside en la cercanía de los gobiernos locales con las necesidades inmediatas de la población, lo que, al menos en teoría, les permite identificar y atender de manera precisa dichas demandas.
Desde inicios del siglo XXI, México ha avanzado en la descentralización del poder y presupuesto federal, transfiriendo mayores responsabilidades y recursos a los municipios, haciendo importante estudiar la corrupción a nivel local para contribuir a que los recursos sean administrados de manera eficiente. Identificar y combatir la corrupción en los municipios puede ser clave para frenar prácticas corruptas a mayor escala, considerando que las aportaciones federales constituyen la fuente principal de recursos destinados a proyectos de infraestructura en los municipios mexicanos (León-Cazares, 2021).
Por otro lado, estudiar la corrupción a nivel de los gobiernos locales mexicanos es fundamental, ya que estos constituyen el primer eslabón dentro de la representación del Estado mexicano ante la ciudadanía. Los gobiernos locales, al estar más cercanos a la vida cotidiana de las personas, son las instituciones con las que los ciudadanos tienen un contacto más directo y frecuente. Por esta razón, las prácticas de corrupción en este nivel afectan no solo la percepción de la eficacia y la transparencia de la administración pública, sino también la confianza de los ciudadanos en el sistema político en su conjunto. Abordar el problema desde su raíz puede contribuir a fortalecer la gobernanza y mejorar la legitimidad de las instituciones a nivel nacional. Finalmente, a nivel municipal, se construyen bases fundamentales para la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Estudiar la corrupción permite identificar fallas en los mecanismos de control y supervisión, así como proponer soluciones para fortalecer las instituciones locales.
El artículo plantea que la corrupción en la obra pública en los gobiernos locales mexicanos tiene relación con la mayor competencia electoral que se da sin mecanismos efectivos de vigilancia de los recursos utilizados durante las campañas. En los procesos electorales existe una gran cantidad de dinero informal que procede, entre otras fuentes, de la corrupción en obras públicas. Los recursos para financiar campañas políticas se vuelven necesarios para un triunfo electoral, siendo una fuente importante los obtenidos vía corrupción en obra pública (Murillo, 2019; Valdez et al., 2022). En consecuencia, se sostiene que una explicación completa de la corrupción en obra pública no puede basarse únicamente en la perspectiva de mejorar los mecanismos de supervisión financiera de las obras, sino más bien en un enfoque integral que considere la corrupción en la obra pública como parte de un sistema articulado de corrupción y debilidad institucional.
A partir de una perspectiva etnográfica y de entrevistas a profundidad con actores involucrados en el proceso de planeación y ejecución de la obra pública municipal, se observa un proceso normalizado, extendido y casi permanente de corrupción. El trabajo aplica una perspectiva de análisis de corrupción estructural (Sandoval, 2016) que observa gobiernos municipales constituidos como espacios de captura institucional de grupos políticos locales que priorizan la actividad pública como una fuente ilegal de financiamiento muy alejada al carácter primigenio de los gobiernos locales de atender las necesidades más inmediatas de los ciudadanos y de constituirse como la primera representación del Estado mexicano ante la población.
2. Corrupción en obra pública y su vínculo con el financiamiento electoral en gobiernos locales
La necesidad de los actores políticos locales de obtener mayores recursos financieros para emplearlos en campañas electorales es un factor clave para entender la corrupción en la obra pública a nivel de los gobiernos locales. Según Gledhill (2004), en América Latina, la corrupción a nivel local suele estar vinculada con la interacción entre la obra pública y los procesos electorales, donde el desvío de recursos se utiliza para financiar campañas y garantizar la continuidad política de ciertos actores.
En México, los cambios democráticos a principios del siglo XXI impulsaron la instauración de procesos electorales competitivos, respaldados por marcos legales diseñados para regular la competencia electoral. Sin embargo, estos mecanismos de vigilancia han demostrado ser insuficientes frente a las dinámicas políticas reales (Ugalde y Hernández 2020). Las campañas políticas se han convertido en escenarios donde los recursos económicos son esenciales para asegurar el éxito electoral (Bárcena, 2023; Casar, 2018). Actividades como la organización de actos públicos, la contratación de propaganda en medios tradicionales y digitales, el pago de avanzadas electorales durante las giras, las brigadas de promoción del voto y el diseño estratégico de campañas realizadas por expertos representan gastos imprescindibles para una campaña exitosa (Sánchez, 2008; Fonseca, 2022).
Muchos de estos gastos no son regulados eficazmente por las autoridades, lo que propicia la inyección de recursos ilegales en las campañas electorales. Los actores públicos, en busca de asegurar sus posiciones políticas, consideran conveniente invertir en campañas electorales con la expectativa de recuperar esos recursos mediante prácticas corruptas, como el desvío de fondos de obras públicas o la asignación irregular de contratos para la adquisición de bienes y servicios gubernamentales (Emerson, 2006).
Esta dinámica genera un círculo vicioso de corrupción, donde la intensa competencia electoral fomenta actos ilícitos para financiar procesos electorales cada vez más costosos. Aunque las autoridades actúan como entes de vigilancia electoral, con frecuencia carecen de la capacidad para fiscalizar adecuadamente el origen y el destino de todos los recursos involucrados en una campaña política.
Heidenheimer y Johnston (2002) plantearon que la corrupción en gobiernos locales es más prevalente en contextos donde las instituciones de control y auditoría son débiles, y la cultura de transparencia es casi inexistente. Esta falta de mecanismos efectivos de supervisión permite que la corrupción florezca y se vuelva sistemática. En los gobiernos locales mexicanos se manifiesta claramente un escaso control presupuestal y de transparencia en el uso de los recursos.
El acceso al poder público municipal se ha convertido en una vía estratégica para que muchos empresarios obtengan contratos de obra pública, atraídos por las altas cantidades de dinero que se manejan en esta actividad. Los empresarios locales suelen financiar campañas electorales de políticos que aspiran a ocupar cargos públicos municipales, con la expectativa de ser recompensados posteriormente mediante la asignación de contratos de obra pública por parte de esos mismos políticos una vez en el poder (González, 2024; Quintana, 2017). Este fenómeno se agrava por la práctica de algunos políticos que crean sus propias empresas de construcción, utilizándolas como vehículos para beneficiarse directamente de los contratos públicos y desviar recursos hacia intereses privados. La debilidad de los mecanismos de vigilancia, la injerencia de factores políticos en la impartición de justicia y la normalización de prácticas corruptas han transformado la obra pública en una actividad altamente rentable tanto para empresarios como para actores políticos, consolidando un círculo de dependencia y corrupción que perpetúa la captura de recursos públicos.
En términos formales, la obra pública en Michoacán está regulada desde 1998 por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados, la cual establece el marco legal que rige la ejecución de proyectos en el estado y sus municipios. Esta ley tiene como objetivo regular las contrataciones y servicios relacionados con la obra pública, aplicándose a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los organismos descentralizados y municipios. Además, contempla la obligación de contar con un plan estatal y municipal de desarrollo que incluya proyectos específicos de obra pública y fomente la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar una adecuada planificación.
Si bien los ayuntamientos tienen la facultad de llevar a cabo procesos de licitación o adjudicación directa de obras y servicios relacionados con la infraestructura pública dentro de su jurisdicción, dicha capacidad se ha convertido en el principal mecanismo de corrupción en la obra pública. La adjudicación directa, al eliminar la competencia del mercado, facilita que las obras sean asignadas de manera discrecional a empresas que no necesariamente ofrecen las mejores condiciones o precios.
En muchos casos, estas empresas son seleccionadas como una forma de compensación por su apoyo durante campañas electorales o, incluso, han sido creadas por los mismos grupos políticos con el propósito de desviar recursos públicos (Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, 2022). Este fenómeno no solo socava la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino que perpetúa prácticas corruptas y afecta gravemente la calidad de las obras realizadas.
3. Corrupción y su enfoque estructural
Para Sohail y Cavill (2008), la corrupción describe una situación de mal uso de la autoridad para agendas personales, por voluntad propia o influencia externa. Esta definición ajusta para describir la corrupción en los proyectos de obra pública, ya que resalta el abuso de autoridad como factor fundamental detrás de la corrupción en este ámbito (Shan et al., 2020). Además, el término “agenda personal” incluye tanto las ganancias financieras como las políticas, las cuales pueden beneficiar a una persona o a un grupo.
Dentro de la teoría estructural-funcionalista, la corrupción estructural se analiza como un mal funcionamiento dentro de las instituciones sociales que desestabiliza el orden social (Rose-Ackerman, 2004). La corrupción es vista como una disfunción en los sistemas políticos y económicos que impide el cumplimiento de su papel normativo. Un abordaje centrado en el concepto de corrupción estructural para el análisis de la obra pública municipal posibilita la evaluación de diversos elementos, como los factores electorales, las deficiencias en el sistema jurídico y los procesos de supervisión de las obras. Asimismo, evidencia la presencia de una cultura política que fomenta la corrupción en la gestión gubernamental, donde esta última puede ser interpretada como una compensación justa por los esfuerzos financieros y políticos desplegados durante las campañas electorales.
La corrupción estructural se refiere a un tipo de corrupción que está arraigada en las instituciones y prácticas de un sistema político o económico (Sandoval, 2013). A diferencia de la corrupción ocasional o individual, que implica actos aislados de corrupción por parte de individuos, la corrupción estructural implica patrones sistémicos y generalizados de corrupción que se han vuelto parte inherente de una estructura social o política.
De acuerdo con Rose-Ackerman & Palifka (2016), la corrupción estructural presenta una serie de características comunes, entre las que se incluyen:
El enfoque de corrupción estructural trasciende las perspectivas burocráticas de la corrupción (Brandt y Svendsen, 2013), en la que la corrupción burocrática se centra en el riesgo de comportamiento no ético por parte de los agentes que trabajan en su nombre. También trasciende a una perspectiva de acción colectiva que enfatiza la importancia de la confianza y cómo las personas perciben el comportamiento de los demás y que percibe corrupción como una norma social en la cual los individuos ven a la corrupción como la forma única de hacer las cosas, ya que temen ser los únicos honestos en un sistema corrupto (Persson, 2013).
A diferencia del enfoque institucionalista de la corrupción, que se centra en el papel de las instituciones, las reglas, las estructuras y las normas en la generación y prevención de la corrupción (Treisman 2000; Scott 2020), un enfoque estructural considera factores sustantivos del proceso de corrupción que van más allá de la profunda debilidad de las instituciones y la vigilancia presupuestal. Una perspectiva estructural trasciende las instituciones políticas y puede incorporar elementos complejos de un sistema en el que las prácticas corruptas se encuentran profundamente enraizadas en la sociedad.
El enfoque de la corrupción estructural en el análisis de la obra pública revela la complejidad arraigada en las instituciones y prácticas de los sistemas políticos y económicos. La corrupción estructural, distinta de los actos aislados de corrupción, presenta patrones sistémicos que se han vuelto inherentes a la estructura social y política. La permeación en instituciones, la continuidad a lo largo del tiempo, las graves implicaciones económicas y sociales, la falta de rendición de cuentas y la consolidación de una cultura de corrupción son elementos que conforman los procesos de corrupción en la obra pública.
4. Aspectos metodológicos del estudio
Las metodologías de investigación cualitativa constituyen herramientas fundamentales para examinar fenómenos complejos y multifacéticos, como la corrupción. Estas se centran en comprender a fondo las experiencias, percepciones y contextos sociales de los participantes, brindando así una comprensión más profunda y rica del problema (Tenny, Brannan & Brannan, 2022). Los enfoques cualitativos, al estar basados en experiencias reales y en la perspectiva de los actores políticos, permiten un análisis más matizado y una visión interna de los procesos políticos subyacentes a la corrupción.
Este tipo de análisis a menudo trasciende los marcos y normas teóricas establecidas, no solo enriqueciendo los modelos existentes, sino también aportando nuevas caracterizaciones y aplicaciones concretas de la realidad (Schwickerath, Varraich & Smith, 2017). A través de entrevistas, grupos focales y estudios de caso, se accede a las dinámicas internas de las instituciones y relaciones políticas, lo que facilita una evaluación crítica de las motivaciones y mecanismos detrás de las prácticas corruptas.
Aunque existen diversas investigaciones sobre la corrupción, y más específicamente sobre la corrupción en la obra pública, pocas se han llevado a cabo con datos factuales y empíricos, y aún menos basadas en perspectivas etnográficas o cualitativas. Nieto (2016) explora cómo las redes informales y clientelistas influyen en la asignación de contratos públicos en México, mientras que Buscaglia y Ratliff (2001) abordan la corrupción judicial vinculada a la obra pública en América Latina, destacando la debilidad institucional. Morris y Blake (2009) analizan los patrones de corrupción en contratos de infraestructura en la región, utilizando entrevistas con actores políticos y empresarios. Correa (2014) se centra en los mecanismos de corrupción a nivel municipal en México. Estas investigaciones muestran cómo la corrupción en la obra pública está profundamente arraigada en las estructuras institucionales y las relaciones de poder, lo que requiere un enfoque cualitativo detallado para comprender sus complejidades.
La falta de estudios cualitativos refleja una oportunidad para generar análisis más profundos, pues estas metodologías permiten explorar las dinámicas de poder y las percepciones de los involucrados, generando una comprensión más amplia de la corrupción como fenómeno sociopolítico. En este contexto, el presente trabajo adoptó una metodología cualitativa mediante la aplicación de entrevistas a profundidad a actores clave dentro del proceso de ejecución de la obra pública municipal.
Este estudio se fundamentó en 15 entrevistas a profundidad con figuras destacadas en la realización de obra pública, como exfuncionarios municipales, empresarios vinculados a la construcción y actores políticos locales, en cuatro municipios de la región occidental del estado de Michoacán. Las entrevistas se llevaron a cabo utilizando una red de contactos desarrollada por los investigadores a lo largo de años de trabajo etnográfico en la región. Estas se realizaron durante el segundo semestre de 2023, con una duración promedio de una hora. Se enfatizó el carácter académico de las entrevistas, garantizando el anonimato de los participantes, mientras que el investigador tomó apuntes durante las mismas.
La selección de entrevistados se dio a partir de contactos de los investigadores en los municipios analizados, aprovechando una experiencia de investigaciones en la región de varios años. Se realizó un guion de contenido semiestructurado en el cual se enfatizaba:
Dada la naturaleza delicada del tema, se procuró ser cuidadoso en la aplicación del guion y permitir una libre expresión de los entrevistados que pudiera permitir una mayor información e interrelación. Es necesario destacar la presencia en los municipios analizados de grupos del crimen organizado que ejercen influencia sobre la administración pública municipal y la vida cotidiana, lo que hizo necesario cuidado al momento de las entrevistas.
Una vez realizadas las entrevistas, la información fue transcrita y analizada, siguiendo un enfoque inductivo para identificar patrones y relaciones entre los actores, procesos y dinámicas de corrupción en la obra pública. A partir de estos hallazgos, se observaron las interacciones entre actores clave. Esta información se complementó con datos contextuales sobre las redes de poder y las dinámicas locales, lo que permitió generar un marco interpretativo más amplio para entender los procesos de obra pública a nivel municipal.
5. Corrupción en la obra pública desde la perspectiva de los entrevistados
El pago del “diezmo” en obra pública municipal en México tiene antecedentes históricos que se remontan a la época colonial, cuando existía un impuesto eclesiástico equivalente al diez por ciento de la producción agrícola, destinado a la Iglesia (Bribiesca-Sumano, 2013). Aunque en la actualidad este tributo no existe legalmente, el término “diezmo” ha sido adoptado en el ámbito de la corrupción para describir la práctica en la que funcionarios públicos exigen un porcentaje de los contratos de obra pública a empresas constructoras a cambio de asignaciones o facilidades administrativas. Esta práctica, que suele oscilar entre el 10 % y el 20 % del valor del contrato, distorsiona los procesos de licitación y asignación de recursos, favoreciendo a empresas que no siempre cumplen con los estándares de calidad y eficiencia requeridos. Como resultado, las obras pueden presentar sobrecostos, materiales de baja calidad o incluso quedar inconclusas.
Los resultados de la investigación muestran en primer término una normalización del “diezmo”, es un hecho aceptado y que se incluye la mayor parte de las veces en las consideraciones propias que realizan las empresas constructoras al momento de la licitación de las obras o en el momento de asignar un presupuesto:
“…..Nosotros ya estamos acostumbrados a pagar el diezmo que se da, lo tomamos en cuenta en nuestros presupuestos y en los cálculos que realizamos…..”
Por otro lado, los funcionarios municipales encargados de la obra pública manifiestan también como un hecho normal y propio de la dinámica política el contar con los recursos de la obra pública, los diezmos, como parte de la ecuación que debe realizarse en una campaña política local. Las campañas políticas conllevan una cantidad importante de gastos que tienen que recuperarse ya en el ejercicio de poder a partir de fuentes como la obra pública:
“Las campañas políticas tienen un alto costo aquí en el municipio hay que hacer muchos gastos que no se registran ante el gobierno. Aunque no lo digan la mayor parte de los candidatos hacen cuentas a ver si les sale lo que van a invertir en la campaña ya siendo presidentes municipales. Es así como una tapada de gallos, una campaña política en la cual se puede ganar o perder”.
Estos resultados confirman la cotidianidad y normalidad de los pagos ilegales en obra pública señalados abiertamente por actores políticos (Pacheco 2018; Martínez 2017; Martínez, 2022). Un aspecto importante es la seguridad que se tiene en que las oficinas electorales no podrán identificar los gastos de campaña extraordinarios, ilegales, que se realizan durante los procesos electorales y también en la confianza en que las auditorías estatales no tendrán la capacidad suficiente para detectar los sobreprecios y anomalías en las obras públicas, a partir de una legislación que permite la discrecionalidad y el otorgamiento de contratos directos a contratistas de obra sin necesidad de concursos o licitaciones abiertas. Se confía también en las autoridades estatales que podrán ayudar a los municipios y a sus alcaldes en los procesos de fiscalización para que estos puedan salir sin ningún tipo de observación o acusación.
La obra pública se ha transformado en un sistema articulado de corrupción, donde las empresas constructoras establecen vínculos con distintos candidatos para negociar apoyos económicos en sus campañas, a cambio de promesas de futuras concesiones de obras públicas. Los entrevistados señalan que, de manera similar, empresas de servicios y de otras materias también se acercan a los candidatos con la intención de respaldar sus campañas, con la promesa de futuros contratos una vez que los gobiernos electos asuman sus funciones.
“Durante las campañas, los empresarios constructores se acercan a los candidatos para ofrecer apoyos de campaña a cambio de que les adjudiquen obras públicas más adelante. El problema está en que también se acercan grupos criminales y muchos pequeños negocios que quieren obtener contratos de servicios o venderles algo al ayuntamiento, ya que los candidatos llegan al poder. Al final, al llegar a la presidencia, tienen compromisos con diversas personas de dinero.”
En lo que respecta a la participación ciudadana en la planificación y ejecución de proyectos de obra pública, los entrevistados destacan el escaso interés por parte de la ciudadanía en involucrarse en estas actividades. Este fenómeno se observa a pesar de que la construcción de obra pública debería presentar interés para la mayoría de la población. Esta situación resulta muy conveniente para las autoridades municipales al darles mayor libertad en el uso de los recursos (Amal, 2022). Los resultados de las entrevistas pueden resumirse a continuación (cuadro 1):
Cuadro 1
Perspectiva de los entrevistados con respecto a la corrupción en la obra pública
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Redes de colusión |
Acuerdos entre candidatos, empresas constructoras, servicios e incluso grupos criminales para intercambiar apoyo económico por futuros contratos. |
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Participación ciudadana nula |
Desinterés de la población en supervisar obras públicas, lo que facilita el manejo opaco de recursos por autoridades. |
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Consecuencias materiales |
Obras con sobrecostos, materiales deficientes o inconclusas, priorizando ganancias particulares sobre el bienestar colectivo. |
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Participación ciudadana nula |
Desinterés de la población en supervisar obras públicas, lo que facilita el manejo opaco de recursos por autoridades. |
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Debilidad institucional |
Confianza en que auditorías y autoridades no detectarán irregularidades, debido a legislación laxa y discrecionalidad en contratos directos. |
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Normalización de la corrupción |
El “diezmo” y pagos ilegales se integran como costos operativos y políticos, sin cuestionamiento ético. |
La investigación revela que la corrupción en la obra pública no solo opera como un intercambio económico, sino como un sistema que permea la estructura política local, subordinando el desarrollo comunitario a intereses privados. La convivencia entre actores políticos, empresas y grupos externos —incluyendo entidades criminales— refuerza un circuito de favores que prioriza el beneficio inmediato sobre la planificación técnica y social. Esta dinámica, alentada por la impunidad y la falta de controles efectivos, perpetúa un ciclo donde la ilegalidad se racionaliza como “inversión política”. Sin mecanismos de rendición de cuentas robustos y participación ciudadana activa, se consolida una gobernanza disfuncional, donde las obras públicas reflejan no las necesidades colectivas, sino los pactos de poder detrás del poder formal.
6. Conclusiones
La corrupción en obra pública se manifiesta tanto a nivel estatal como municipal en México, aunque con diferencias en su alcance, actores involucrados y mecanismos de operación. A nivel estatal, los casos suelen implicar montos más elevados y redes de corrupción más complejas, con la participación de altos funcionarios, empresas constructoras de gran escala y legisladores que facilitan la aprobación de presupuestos inflados o desvíos de recursos. En contraste, en los gobiernos municipales, la corrupción tiende a ser más directa y local, con prácticas como el cobro de “moches” o diezmos a contratistas a cambio de adjudicaciones, el favoritismo en la asignación de proyectos y la falta de supervisión técnica, lo que lleva a obras de mala calidad o inconclusas. Mientras que a nivel estatal los mecanismos de auditoría pueden ser más robustos y recibir mayor atención mediática, en el ámbito municipal la vigilancia es menor, lo que facilita la impunidad. No obstante, en ambos niveles, la corrupción en obra pública impacta negativamente en la infraestructura y el desarrollo de las comunidades, afectando la confianza ciudadana en las instituciones y el uso eficiente de los recursos públicos.
Los resultados del trabajo revelan un proceso de obra pública municipal enmarcado en contextos político-electorales donde el financiamiento a actividades políticas trasciende los fines sociales que debería tener la construcción de obra pública. La corrupción en los procesos de obra pública refleja el fracaso de los entramados legales y burocráticos construidos para evitar desvíos de recursos. La existencia de auditorías superiores del estado, contralorías, oficinas del poder legislativo y organismos de vigilancia electoral se ve rebasada por procesos políticos que normalizan la corrupción en la obra pública.
Esta inoperancia ha convertido a la política local en una actividad económicamente rentable para actores políticos y empresarios que ven en los gobiernos locales la oportunidad de amplias oportunidades de negocios. La situación particular de Michoacán, México, con su historia de inestabilidad política, presencia de grupos criminales y procesos democráticos inconclusos, ha contribuido a la consolidación de un entorno propicio para la corrupción estructural. La corrupción no solo impacta a las instituciones gubernamentales, sino que también ha permeado en la sociedad, volviéndose una práctica normalizada en la vida cotidiana.
La resolución del problema de la corrupción en la obra pública debe abordarse desde una perspectiva multidimensional que contemple diversos aspectos. Estos incluyen la mejora de los procesos electorales, una adecuada rendición de cuentas gubernamental y la implementación de sistemas de justicia más efectivos, especialmente en lo referente a los contratos públicos. Se requiere una transformación profunda que no solo se enfoque en los aspectos superficiales, como los procesos electorales, sino que también aborde las raíces del problema, promoviendo una cultura democrática arraigada en la responsabilidad y el servicio público. Este enfoque integral es crucial para establecer un cambio sostenible y duradero en la lucha contra la corrupción en la obra pública y en la esfera política en general.
Finalmente, es relevante señalar que la situación de los municipios examinados en el estado de Michoacán, México, podría proporcionar perspectivas aplicables a otros municipios del país. La extrapolación de los hallazgos de este trabajo a otros municipios mexicanos se sustentaría en las similitudes existentes en las condiciones de desarrollo democrático y político que prevalecen en la mayor parte de los municipios mexicanos. También, debe destacarse las numerosas similitudes que existen entre la corrupción en obra pública a nivel municipal y la que se presenta a nivel de obras federales en México. Las condiciones estructurales de corrupción que prevalecen a nivel federal encuentran su reproducción en una escala local, específicamente en los municipios. Es esencial abordar estas condiciones estructurales y fortalecer la institucionalidad con el objeto de garantizar que los recursos destinados a la obra pública puedan cumplir efectivamente con los fines sociales originalmente establecidos.
Referencias
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