Revista de Ciencias Humanas y Sociales. FEC-LUZ 
La Sesión Especial de las Naciones Unidas a Favor de la Infancia, 
celebrada en 2002, incrementó la visibilidad sobre el potencial que tienen 
niños, niñas y adolescentes como agentes de cambio y dio impulso a la 
participación  de  este  colectivo  (UNICEF,  2011).  Posteriormente  se  ha 
ido trabajando en esta misma línea por parte de distintas organizaciones 
que incorporan la gobernanza infantil entre sus ejes prioritarios (Save the 
Children, 2016; UNICEF, 2016, 2019).  
Sin embargo, a pesar de los avances en materia de participación 
infantil, la percepción de los niños y niñas refleja insatisfacción, prácticas 
poco relevantes, limitadas y  anecdóticas (Davey, Burke & Shaw, 2010). 
En este sentido es importante tener en cuenta que la participación infantil 
en los asuntos de interés general pone de manifiesto que hacer política no 
consiste meramente en proveer servicios a la ciudadanía, sino en poner en 
funcionamiento  mecanismos  deliberativos,  espacios  para  el  debate,  la 
generación  de  ideas  y  la  toma  de  decisiones  de  forma  colectiva  e 
interdependiente  (White,  2020).  Aunque,  por  ahora,  la  implicación 
democrática de toda la ciudadanía, especialmente de quienes no alcanzan 
la mayoría de edad, parece enfrentarse a la reticencia de gran parte de la 
clase política (Cockburn, 2010).  
Una de las críticas que a menudo recibe la participación infantil es 
el peligro de que se reproduzcan estructuras de participación adulta y que 
las  agendas  también  sean  preestablecidas  por  los  adultos  (Kiili  y 
Moilanen,  2019).  Asimismo,  no  todos  los  niños,  niñas  y  adolescentes 
tienen  las  mismas  opciones  para  participar  en  foros  nacionales  e 
internacionales, a pesar de que se ha establecido que la participación para 
ser auténtica ha  de  ser inclusiva y  evitar la discriminación, tal  como  se 
pone de manifiesto en trabajos como los de Brady, y Franklin, A. (2019), 
Braga, y Pires (2019) o Hultman, Höjer, Larsson (2020). 
Todos estos elementos apuntan a la necesidad de aproximarse al 
estado de la participación infantil y a sus posibilidades de mejora. En el 
caso de Cataluña, Comunidad Autónoma de España, con la aprobación 
de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en 
la infancia y  la  adolescencia se dio  un  giro a la concepción meramente 
asistencialista en  las políticas de  la infancia. De  acuerdo con  el  estudio 
coordinado por Diomira (2009), la participación infantil debe plantearse 
desde  la  transversalidad  y  la  interinstitucionalidad, interpelando a  todas 
las administraciones, obviamente, también a la administración educativa. 
Así, por ejemplo, Novella y Llena (2018) elaboran un documento marco