Julio-Diciembre 2015
Vol. 5 No. 2
Julio-septiembre 2024
Vol. 14 No. 2
Martínez Flores y Ortiz Aguilar / Sujetos y enfoque de derechos: percepciones del estudiantado de Trabajo
Social
465
Interacción y Perspectiva Dep. Legal pp 201002Z43506
Revista de Trabajo Social ISSN 2244-808X
Vol. 14 N
o
2 465-477 pp. Copyright © 2024
Julio-septiembre
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Sujetos y enfoque de derechos: percepciones del estudiantado de Trabajo
Social
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10909945
Bertha Verónica Martínez Flores * y Leticia Ortiz Aguilar **
Resumen
Este trabajo tiene por objetivo analizar las percepciones del estudiantado de Trabajo
Social sobre el sujeto de derechos en la intervención a escala comunitaria; se muestra
un estudio realizado en el contexto de la práctica de la materia Metodología y Práctica
del Trabajo Social de Comunidad I y II, de la Licenciatura en Trabajo Social de una
universidad del norte de México. El enfoque de derechos incorporado en la profesión ha
provocado la reflexión sobre la concepción del sujeto de intervención como sujeto de
derechos, de ahí la importancia de seguir pensando esta transformación en la formación
del estudiantado. A través de diversas técnicas de recolección de corte cualitativo se
pudo evidenciar que el estudiantado tiene claridad sobre la importancia de la ciudadanía,
por lo que su imaginario sobre el sujeto de derechos está siempre vinculado a ésta. Lo
anterior resulta alentador para la profesión, pues los/as futuros/as trabajadores/as
sociales han incorporado principios del enfoque de derechos en su accionar; sin embargo,
aún queda pendiente profundizar en la comprensión de este sujeto como titular de
derecho para tener claro el papel del Estado como titular de obligaciones; así como de
la importancia de las políticas públicas para el alcance de la vida digna de las
comunidades.
Palabras clave: sujeto de derechos, ciudadanía, trabajo social, enfoque de derechos.
Abstract
Subjects and rights-based approach: Social Work students' perceptions
The present article aims to analyze Social Work students' perceptions regarding subjects
of rights within the community-level intervention. The study focuses on the Methodology
and Practice of Social Work in Community I and II, as part of a bachelor's program in
social work at a university in northern Mexico. Integrating a rights-based approach into
the profession prompts reflection on conceptualizing the intervention subject as a rights
holder, emphasizing the significance of this transformative aspect in student education.
Utilizing various qualitative data collection techniques, it becomes evident that the
student clearly understands the importance of citizenship, with the concept of the subject
of rights consistently linked to it. This alignment encourages the profession as future
social workers to embrace a rights-oriented perspective in their practice. However, there
remains a need to delve into discussions surrounding the individual as a rights holder,
gaining clarity on the State's role in assuming obligations and emphasizing the
significance of public policies in achieving the well-being of communities.
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Keywords: subject of rights, citizenship, social work, rights-based approach.
Recibido: 28/01/2024 Aceptado: 08/03/2024
* Investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. E mail:
veronica.martinez@uacj.mx
** Investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. E-mail:
lortiz@uacj.mx
1. Introducción
El enfoque de derechos incorporado en las políticas públicas ha abierto la
posibilidad de discutir el papel de la profesión de Trabajo Social en el alcance de los
derechos de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con
Carballeda (2016), este enfoque se vuelve un marco conceptual para orientar la
intervención ya que ofrece principios y pautas para dirigirla. Por esto, el enfoque de
derecho es parte de la formación del estudiantado de Trabajo Social, ya que un buen
porcentaje de egresados y egresadas de las instituciones educativas se insertan en
instancias gubernamentales desde las cuales se debe buscar que el Estado cumpla con
su obligación de garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales de su ciudadanía. Ello implica reconocer la diversidad del sujeto de derechos,
así como sus particularidades (Huenchuan, 2018).
En el caso del Trabajo Social, tradicionalmente se habla del sujeto de
intervención, que Mancinas (2014) al reflexionar sobre las diversas posturas que la
literatura en la profesión ha desarrollado sobre el tema reconoce como un sujeto social
constituido históricamente a partir de su trabajo, que:
se objetiva en las manifestaciones de la “cuestión social”: en la pobreza, en las
dificultades del acceso a la salud, en los problemas de vivienda, en la violación a
los derechos humanos, en la violencia, etc., es un sujeto histórico,
multideterminado por cuestiones tanto estructurales como coyunturales (p. 398).
Por esto, como lo plantea Ruiz (2010), la intervención no debe enfocarse
solamente en resolver problemas o satisfacer necesidades básicas de éstos; sino debe
partir de reconocer a este sujeto social como sujeto de derechos y, por tanto, histórico
(Ornelas, 2017). De acuerdo con el enfoque de derechos, el Trabajo Social debe buscar
la organización de colectivos que permitan desafiar prácticas de Estado desiguales y
perseguir el cumplimiento de los derechos de las personas impulsando “procesos de
intervención socio comunitarios hacia la consolidación del ejercicio de los derechos
sociales, de ciudadanía y autonomía democrática” (p. 33), así como “ejes de
capacitación, profesionalización, sensibilización y desarrollo” (Cano y De la Cruz, 2017,
p. 36).
De esta manera, y de acuerdo con Ripoll (2019), adoptar el enfoque de derechos
en el Trabajo Social implica cambiar no solamente acciones en la intervención, sino
también estructuras de pensamiento sobre las percepciones del/a otro/a, tanto en el
profesional como en quienes son impactados por la intervención. Así lo evidencia su
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trabajo, en el cual la autora discute la incorporación de las niñas, niños y adolescentes
(NNA) como sujetos de derechos en Argentina; sostiene que esto provocó que las
intervenciones de las personas profesionales del Trabajo Social modificarán su accionar,
pues encontró que “pareciera que el estatuto otorgado por el derecho, se constituye en
una realidad más asequible para la intervención de las profesionales, sobre todo si se
expresa desde la carencia” (2019, p. 5), y que existe tensión “entre las exigencias de la
normativa, las expectativas institucionales y lo que el profesional construye como
materia prima de su intervención” (2019, p. 7)
.
En este mismo sentido, Pérez y Díaz (2014) realizaron una investigación en
Cartagena, Colombia, sobre los imaginarios y las prácticas sociales de los pobladores de
barrios populares de esa ciudad sobre el sujeto popular y el ciudadano sujeto de
derechos; como primeras conclusiones, las autoras sostienen que se ha transformado la
visión sobre el sujeto popular, y ahora se considera a los habitantes de los barrios
populares como ciudadanos sujetos de derechos y deberes.
Queda entonces de manifiesto que hay un interés creciente sobre repensar el
actuar de la profesión y la concepción del/a otro/a, a la luz del enfoque de derechos, por
eso en este trabajo se analiza la percepción del estudiantado sobre el sujeto de derechos
en la intervención de Trabajo Social comunitario a través del estudio de la experiencia
educativa de la materia Metodología y Práctica del Trabajo Social de Comunidad I y II;
el grupo de estudiantes realizó sus prácticas de intervención en una colonia ubicada en
el surponiente de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se presenta en este artículo una primera
aproximación al estudio sobre la formación del estudiantado y la incorporación del
enfoque de derechos en sus prácticas. Para cumplir el objetivo planteado, a continuación,
se realiza una revisión teórica, seguida de un apartado metodológico, la presentación de
los principales resultados y, para finalizar, un apartado a manera de conclusión.
2. Ciudadanía social
Para T. H. Marshall (1997), la ciudadanía tiene que ver con los derechos y
obligaciones de una persona en el contexto nacional; la define como “un status que se
otorga a los que son miembros de pleno derecho de una comunidad. Todos los que
poseen ese status son iguales en lo que se refiere a los derechos y deberes que implica”
(p. 312). En su ya clásico ensayo de Ciudadanía y clase social, parte de la definición del
concepto de ciudadanía de Alfred Marshall, quien la entendía como la pertenencia plena
a una comunidad; pero reconoce tres elementos centrales en su construcción: el civil, el
político y el social. El primero se conforma de los derechos vinculados al ejercicio de la
libertad individual; el segundo se compone de los derechos de participación política;
mientras que el tercero se vincula al “derecho a un mínimo de bienestar económico y
seguridad al derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado
conforme a los estándares corrientes en la sociedad” (pp. 302-303).
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La ciudadanía es una construcción histórica que responde a las lógicas de cada
Estado o, incluso, es una práctica o proceso social (Dean, 2013); de esta manera, ser
ciudadano o ciudadana es un reconocimiento de pertenencia a una comunidad desde
donde se enmarcan sus derechos y responsabilidades, los cuales, no obstante,
responden a marcos institucionales formales e informales. Por lo tanto, toda persona,
como parte de una comunidad, tiene derechos y deberes en el contexto de un Estado
regularmente enmarcado en un territorio dado que su ciudadanía está respaldada por el
mismo (Alvarado y Carreño 2007 en Pérez y Díaz, 2014).
Siguiendo la tipología sobre derechos planteada desde los trabajos de T. H.
Marshall, se vuelve relevante para la disciplina de Trabajo Social centrarse en los
alcances de la ciudadanía social; ya que ésta es un principio de igualdad e implica
reconocer al sujeto de derechos como aquel que comparte patrimonio cultural, derechos
y obligaciones y a los cuales el Estado debe proveer bienes y servicios para garantizar
el mínimo de bienestar (Barba Solano, 2021); se presenta como una protección universal
y no solamente como protección a la pobreza (Balibar, 2013).
Sin embargo, para Dean (2013) los derechos sociales son construcciones sociales,
por lo que provienen de la socialidad y la negociación, por esto la ciudadanía social debe
pensarse como un proceso de múltiples capas de negociación social de las necesidades
humanas y los derechos sociales; implica el reconocimiento y reivindicación de
necesidades, reivindicar esas necesidades como derechos, y formular esos derechos en
contextos específicos.
En el caso de América Latina, Filgueira (2013) plantea que han existido dos
momentos en los que se ha buscado construir la ciudadanía social en la región: el
primero, durante el período de sustitución de importaciones, que tenía como fondo un
proceso de modernización conservadora y donde la política social tenía una función de
control; el segundo, que inicia en la primera década del siglo XXI, se da en un contexto
político que el autor llama giro a la izquierda. En este marco de modificación de los
sistemas de bienestar es importante hablar del sujeto de derechos y el enfoque de
derechos en el Trabajo Social.
3. Derechos y Trabajo Social
La incorporación del enfoque de derechos en el Trabajo Social permite a la
profesión fundamentar su práctica en la dignidad humana y en la promoción de una vida
digna, pues se trata de pensar más allá de las necesidades de sobrevivencia (Dean,
2013; McPherson, 2020; Ornelas, 2017) y dejar de lado la concepción del beneficiario o
cliente como quien requiere ayuda, para reconocerlo como un sujeto de derechos, lo que
obliga al Estado y sus instituciones a llevar a cabo acciones en términos de políticas
públicas (Ornelas, 2017).
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En este contexto, el derecho internacional establece las obligaciones que los
Estados deben respetar y proteger en relación con los derechos humanos, mismas que
asumen al signar los tratados internacionales. La Carta Internacional de Derechos
Humanos, compuesta por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos,
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de que debe gozar
el ser humano, en virtud de que todas las personas son iguales y libres en dignidad y
derechos y, por estar dotadas de razón y conciencia, deben respeto a las otras personas;
estos derechos deberán ser atendidos independientemente de las características que
posean, como apunta Treviño García (2002).
Los Estados, a través de la ratificación de los tratados internacionales de los
derechos humanos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con
estas obligaciones y deberes, lo que implica que los individuos son reconocidos como
sujetos de derechos y, a la vez, como responsables de cumplir con las normas instituidas.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017), en sus primeros 29
artículos, se instituyen los derechos y sus garantías; que se resumen y amplían en el
artículo 35, en sus diversas fracciones, como derechos de la ciudadanía. Para conservar
la vida en comunidad, es importante mencionar de manera particular el artículo 6o que
se refiere a la libertad de manifestar ideas ya sean individuales o colectivas, y derecho
al acceso y difusión de la información; el artículo 7o sobre difusión de opiniones,
información e ideas; y el artículo 8o que trata del ejercicio del derecho de petición.
Sumado a lo anterior, para poder hablar de ejercicio de ciudadanía es necesario
mencionar las obligaciones establecidas en la misma Carta Magna en sus artículos 31 y
36 en sus cinco fracciones.
De particular importancia resulta definir quién es titular de derecho, de
obligaciones y de responsabilidades, para identificar los diversos actores involucrados
en el desarrollo de una comunidad. Al respecto, Fernández Juan et al. (2010), siguiendo
lo establecido por Naciones Unidas, considera tres actores de titularidad en el marco de
los derechos humanos: titular de derecho: que pasa de ser sujeto de necesidades a
sujeto de derechos, con la capacidad y habilidad de ejercerlos para la transformación de
realidades sociales; el Estado y sus instituciones como titular de obligaciones: debe de
proveer las condiciones para el ejercicio de los mismos; y el titular de responsabilidades:
diversos actores sociales que inciden para que el Estado cumpla con sus obligaciones.
Lo anterior implica el reconocimiento de la capacidad que las personas tienen para
ejercer y reclamar sus derechos; es decir: otorgarles poder como una forma de inclusión
(Rodino, 2015). En ese mismo sentido, Ornelas (2017) considera que la inclusión tiene
una relación directa con los derechos humanos, pues su principio es el acceso de las
personas a la vida digna.
De esta manera, el sujeto de derechos es aquel miembro de la comunidad al que
el Estado tiene la obligación de cuidar asegurando que se cumplan las condiciones para
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que pueda tener una vida digna de acuerdo con el baremo de cada sociedad; esto lleva
al Trabajo Social a repensar el sujeto de intervención en tanto sujeto de derechos, desde
una visión que se presenta como ampliada y resignificándolo al reconocerlo como
ciudadano con voz, con capacidad de decisión, de participación, y con quien se
construyan relaciones simétricas (Muñoz, 2014 en Arias Venegas, 2017) y que “se funda
en una doble centralidad: Sujeto-Estado” (Carballeda, 2016, p. 2).
En resumen, el enfoque de derechos en el Trabajo social permite velar por la
promoción del cambio, del desarrollo, de la cohesión social y del fortalecimiento y la
liberación del estado de sumisión de las personas, como lo plantea el Consejo Nacional
de Trabajo Social, aplicando principios de justicia social, responsabilidad colectiva y
respeto a la diversidad (Cano Soriano, 2017).
4. Metodología
Esta investigación se da en el contexto de la práctica comunitaria de un grupo
de estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social; realizada mediante la intervención
en una colonia popular de Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta intervención se siguió el
método de desarrollo comunitario de Mendoza Rangel (2002), que se compone de tres
momentos: investigación, sistematización e intervención. En el caso analizado, para
lograr una inmersión-inserción adecuada en la comunidad y para ganar la confianza de
la población, se realizó una exploración del territorio con el fin de obtener un relato del
problema o necesidad, escuchando las voces de las personas que habitan este territorio.
Este acercamiento, en la jerga del Trabajo Social, recibe varios nombres, como
aproximación a la realidad, estudios descriptivos, investigaciones preliminares; o como
lo nombra Lima (1986), reconocimiento sensorial. En esta fase se utilizaron técnicas
como diálogos informales, sondeos, entrevistas abiertas, recorridos de observación
participativa y no participativa.
Una vez que se obtuvo la primera aproximación, se hizo una búsqueda de la
historia del hecho en documentos y bases de datos, principalmente; se definió el tema
a investigar, objetivos y planteamientos hipotéticos, por lo que se elaboró un marco
teórico específico con la finalidad de encontrar una explicación del por qué se está
presentando determinada situación. Una vez entendido lo anterior, se eligieron y
diseñaron los instrumentos a partir de los cuales se obtuvo la información para entender
el hecho y se delimitó la población; en este caso en particular se utilizaron entrevistas
semiestructuradas y reuniones vecinales con personas adultas e infantes, hasta llegar a
la saturación de la información.
De acuerdo con la propuesta metodológica, una vez que se obtiene la información
necesaria, se sistematiza; a esto se le considera discusión y reflexión teórica. Para
lograrlo, se organizó la información empírica y la teórica como una conexión racional de
los datos para comprender y entender el por qué estaba sucediendo determinada
situación. Para problematizar se utilizó el enfoque basado en derechos humanos de
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Fernández Juan et al. (2010). La problematización del hecho observado se realizó
utilizando la información registrada en los instrumentos de diario de campo, crónicas
individuales y grupales, informes, entre otros; se ordenó la información utilizando como
categorías de análisis las elegidas para la elaboración del marco teórico específico; en
este caso se trató de derechos humanos, participación y organización. Se analizó la
información considerando las dimensiones económica, cultural, política y social en las
que se encuentra inmersa la población, y se puso atención en desentrañar las relaciones
o conexiones internas o externas que alimentan el problema o la necesidad, y la causa-
efecto de los mismos; luego se elaboró un documento que indica lo que sucede, por qué
sucede y qué pasaría en caso de no ser atendido lo que está provocando la problemática
lo que se conoce como diagnóstico participativo, para de ahí plantear las líneas de acción
que den respuesta a lo encontrado, esto es: la intervención.
Para conocer las percepciones sobre los sujetos de derecho y la forma que se
incorporaron en la intervención, se realizó un grupo focal con el estudiantado y encuestas
a estudiantes de la clase mencionada. Se aplicó análisis de contenido cualitativo a la
información para reconocer las diversas percepciones sobre el sujeto de derechos que
se encuentran en las narrativas de las personas informantes. Se trabajaron categorías
como responsabilidades, obligaciones, derecho, sujeto de derechos, sujeto de
intervención y ciudadanía.
5. Análisis de la información
Derechos y sujetos de intervención
De acuerdo con lo planteado por las personas informantes, se puede reconocer
que existe un consenso sobre la percepción del derecho como una característica
intrínseca de todo ser humano; en el contexto particular del ámbito de la intervención
de esta práctica comunitaria, el estudiantado reconoce que es titular de derecho cada
habitante de este territorio, por lo que sostienen que “Todos los seres vivos son
merecedores de ser protegidos por los derechos, no hay ningún ser vivo que no lo
merezca, e incluso los reclusos cuentan con derechos” (Informante, octubre 2023); sin
embargo, llama la atención que la titularidad de derechos que se reconoce por parte del
estudiantado está vinculado a la corresponsabilidad de la ciudadanía.
La información muestra que hay una concepción por parte del estudiantado de
que los derechos están, si no condicionados, sí vinculados al actuar corresponsable de
los habitantes de la colonia donde se realizó la intervención, ya que en varias ocasiones
mencionan que los colonos tienen conocimiento de sus derechos, pero también señalan
la falta de participación para exigirlos o hacerlos válidos y la falta de reconocimiento de
sus obligaciones. Una informante comenta:
Yo considero que todos son merecedores de derechos, siendo titular de derechos
debemos considerar también ser de responsabilidades y obligaciones
(Informante, octubre 2023).
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Y al preguntarle ¿cómo ejercen sus derechos?, agrega:
Ejercen los derechos que saben que se presentan en primer lugar en la
comunidad, pero luego, los derechos que se complementan, de vinculación, eso,
gestiones, más que ejercer, es exigir (Informante, octubre 2023).
Si bien se observa que hay un reconocimiento de la relación entre Estado-
sociedad, sus narrativas muestran una concepción del derecho unida a la concepción de
una ciudadanía cuya obligación es exigir; tal perspectiva puede poner en riesgo la
intervención si no se reconocen claramente las responsabilidades de los diferentes
actores que participan en la consecución de los derechos humanos de las personas,
particularmente de la centralidad del Estado.
Titulares de obligaciones y responsabilidades
Según la literatura de enfoque de derechos humanos, el titular de obligaciones
es el Estado y sus instituciones, mientras que los titulares de responsabilidades son
aquellos que participan para incidir positivamente en el alcance de esos derechos. En las
narrativas del estudiantado encuestado, si bien hay un reconocimiento del papel del
Estado como responsable en la provisión de los derechos, también se plantea en ellas la
responsabilidad de la ciudadanía de cumplir con sus obligaciones para poder acceder a
sus derechos, particularmente los sociales:
Es la correspondencia de los derechos humanos; debemos de cumplir para llevar
a cabo [el] derecho que nos corresponde, así obtener los beneficios y
responsabilidades de los derechos (Informante, octubre 2023).
En los últimos años, una tendencia en la disciplina es impulsar la participación
ciudadana, la cual se ha convertido en un objetivo del Trabajo Social comunitario; sin
embargo, en muchos casos la intervención sigue planteándose desde la atención de las
necesidades básicas o de sobrevivencia; esto lleva a pensar en el sujeto como un sujeto
de necesidad y no de derechos, por lo que se espera que el cumplimiento de estos sea
una respuesta a la demanda de la ciudadanía y que las personas de las comunidades
sean activas para poder acceder a ellos.
Esto se explica por el reconocimiento de la relación tradicional clientelar entre el
Estado y la sociedad, ya que las personas informantes plantean la existencia de un
Estado que se ha limitado a llevar a cabo acciones asistenciales, en un contexto de
corrupción que ha propiciado prácticas culturales que van en detrimento del
reconocimiento del sujeto de derechos y donde no se problematiza lo que significa una
vida digna para el colectivo con el que se está trabajando. Ornelas (2017) invita a
intervenir en lo social más allá de reconocer la exclusión como problemas de falta de
infraestructura o de acceso a servicios, sino como “formas de relacionarse con los otros
y de construcción y mantenimiento del tejido social” (p. 120).
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Ciudadanía
La importancia de la participación en el Trabajo Social comunitario hace
necesario seguir reflexionando sobre la ciudadanía. En el caso analizado, es de celebrar
la claridad que el estudiantado tiene sobre la construcción de la ciudadanía y su papel
en la construcción del bienestar comunitario; entre las características reconocidas por el
alumnado como vinculadas a la ciudadanía se encuentran: pertenencia, participación,
acreedor de derechos y de obligaciones. Por ejemplo, una informante la caracteriza
como: “Un grupo de personas que conforma una comunidad o un pueblo donde se
conocen las responsabilidades, obligaciones y derechos de los seres humanos”
(Informante, octubre 2023).
Este elemento de pertenencia es una constante en las narrativas del grupo de
estudiantes, misma que no se circunscribe solamente al marco legal de un Estado, sino
también a una territorialidad: “La ciudadanía es un determinado territorio donde los
habitantes de éste pueden o no pueden participar” (Informante, octubre 2023).
Si bien hubo quien relacionó la ciudadanía con derechos sociales y políticos, en
su mayoría el estudiantado lo vincula con la ciudadanía social que, además,
explícitamente fue reconocida por una de las informantes como aquella que se ejerce en
la colonia donde se realiza la intervención.
En el caso de México, la ciudadanía social ha sido reconocida en la Constitución
Mexicana desde el siglo XX; sin embargo, en términos de derechos humanos ha sido
ampliada en el siglo XXI, de esta manera, su defensa es parte del ADN de la profesión,
por lo que puede explicar que el estudiantado la reconozca ampliamente. En las
narrativas de alumnos y alumnas se habla de los derechos sociales de las personas
habitantes de la colonia intervenida, ya sea porque se tienen en un nivel mínimo, o
porque se requiere demandarlos por parte de la comunidad; entre ellos mencionan:
derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, derecho a los servicios públicos, derecho
a espacios públicos, derecho a la educación; en resumen: “Derecho a vivir en condiciones
de bienestar y a un sano desarrollo integral” (Informante, octubre 2023).
Identidad profesional y sujeto de derechos
El enfoque de derechos ha llevado al Trabajo Social a transitar del concepto de
sujeto de necesidad al concepto de sujeto de derechos, a reconocer la diversidad y las
subjetividades de las personas como centro de la intervención, pero también a
aprovechar las oportunidades de la transformación social en el contexto del siglo XXI
para América Latina. Estas oportunidades han permitido impulsar nuevas rutas en la
formación del estudiantado en Trabajo Social, líneas de aproximación y reflexión
encaminadas a construir una identidad profesional que busca una relación horizontal con
las personas de las comunidades y que a su vez demanda una modificación de los
imaginarios que éstas tienen de la profesión. En el caso de estudio, esto último se hace
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patente cuando se habla del proceso de intervención, ya que las personas informantes
plantean la dependencia de la comunidad al accionar del practicante de Trabajo Social,
y señalan que ésta espera que sea el estudiantado quien realice las diferentes
actividades, como las convocatorias o las gestiones. Expectativas que se contraponen al
rol que el grupo de estudiantes considera que tiene en la comunidad como profesionales
del Trabajo Social, este es: orientar promoviendo así la autonomía de la comunidad;
apoyar en la vinculación con las instituciones; informar; promover la autogestión:
…impulsar y motivar a la comunidad presentando las herramientas y vinculándola
con las instituciones para que ellos conozcan e implementen su conocimiento en
las necesidades y problemas que se presentan en la comunidad (Informante,
octubre 2023).
De esta manera, se observa que aún queda trabajo por hacer para modificar los
imaginarios sobre la profesión a la luz de una intervención desde el enfoque de derechos;
donde se parta del reconocimiento pleno de todas las partes del sujeto como titular de
derechos.
En resumen, los datos muestran una percepción del sujeto de derechos vinculada
al estatus de ciudadano, y la condición de que sea éste quién impulse el cambio
obligando al Estado a cumplir con sus obligaciones; decepciona a los y las practicantes
la dependencia de las personas de la comunidad al accionar del estudiantado; como ya
se mencionó, esta dinámica se puede explicar por las relaciones clientelares tradicionales
a las que han estado expuestas las comunidades; escenarios que son incorporados en
las narrativas de las personas informantes y que alientan una transformación en la
concepción sobre el sujeto de derechos, pues reconocen la historicidad de éste así como
su papel en el proceso de transformación a través de la intervención del Trabajo Social;
pero queda pendiente profundizar sobre su relación Sujeto-Estado.
6. Conclusiones
La historia del Trabajo Social muestra la importancia de la profesión en la
construcción de la ciudadanía, pues su accionar tradicionalmente se da en el marco de
las instituciones del Estado que tienen una relación directa con las comunidades tanto
urbanas como rurales. En las últimas décadas se ha incorporado el enfoque de derechos
en las políticas públicas, lo que ha provocado que éste sea discutido en el Trabajo Social
e incluido como parte de los contenidos del currículo de las escuelas de esta disciplina.
Lo anterior hace relevante analizar la forma como el estudiantado va apropiándose de
este marco y cómo lo lleva a la intervención, pero no solamente desde el punto de vista
teórico, sino reflexionándolo e incorporándolo en todas sus dimensiones, marcando así
una diferenciación adecuada entre los diversos actores sociales que intervienen para el
cumplimiento pleno de esos derechos; ya que sólo incorporando en su análisis las
perspectivas de cada uno de los actores sociales involucrados en el reconocimiento y
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ejercicio de los derechos el/la trabajador/a social puede abonar al alcance de la justicia
social y la vida digna de las comunidades.
El caso de estudio que se presenta se enmarca en la práctica comunitaria de una
universidad del norte de México. Los datos muestran un avance significativo en la
incorporación del enfoque de derechos, pues el estudiantado tiene clara la importancia
de reconocer la ciudadanía como la esencia del sujeto de intervención, no obstante, se
observa que aún es necesario seguir escudriñando sobre el sujeto de derechos y su
relación con el Estado, ya que el estudio revela deficiencias en la visión sobre la doble
centralidad (Sujeto-Estado) que implica este enfoque.
Por otra parte, resulta alentador que el estudiantado se identifique como
promotor/a de un cambio en una relación de iguales con los/as otro/as; además del
hecho de poner atención a la percepción que se tiene de el/la trabajador/a social por el
sujeto de intervención. Queda claro que estos imaginarios deben ser transformados para
lograr un mayor impacto del trabajo comunitario y establecer otro tipo de relación, más
horizontal, con la ciudadanía de las diversas comunidades en las que interviene el
Trabajo Social.
Este primer acercamiento demuestra la importancia de incorporar el enfoque de
derechos en la práctica del Trabajo Social por lo que es importante seguir indagando
sobre este tema para realizar las adecuaciones necesarias a los planes curriculares de
las escuelas de Trabajo Social, para que sus profesionales tengan las herramientas
necesarias para hacer frente a la complejidad social que evidencia múltiples violaciones
a los derechos humanos.
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