Volumen 34 No. 3 (julio-septiembre) 2025, pp. 232-234

ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

DOI: 10.5281/zenodo.15609381

Hidalgo Flor, Francisco, Zotaminga Sixto -comp. (2022) Constituyente y Constitución: proceso y evolución. CETRI, Quito: Pp. 345

El proceso de la Asamblea Constituyente de 2007 y de la Constitución de 2008 es finalmente el proceso de las resistencias populares a la implementación del modelo Neoliberal entre 1981 y 2005: un cuarto de siglo de luchas sociales ininterrumpidas creó las condiciones sociales y políticas de las que pudo salir finalmente aprobada la nueva constitución.

Esa resistencia popular tuvo continuidad y se metamorfoseó en la amplia movilización social que se generó alrededor de los trabajos de la Asamblea Constituyente de 2007- 2008. Alberto Acosta, quien fuera su presidente, resaltaba los miles de aportes que llegaron desde organizaciones sociales de trabajadores, indígenas, campesinos, jóvenes, profesionales, barrios populares, mujeres, ambientalistas; organizaciones grandes o pequeñas, organizaciones de alcance nacional, regional, o local; organizaciones con trayectoria de años o agrupaciones surgidas al calor del entusiasmo creado por la creencia de que se estaba viviendo por fin un cambio y que así se podía ser protagonistas de él.

Todas ellas se volcaron a Montecristi para presentar sus propuestas. Había propuestas de uno o dos artículos, de una sección o de un capítulo; incluso una propuesta de una Constitución completa.

Hubo quienes dejaron sus propuestas y se volvieron a sus lugares de residencia, pero también hubo quienes acamparon en las afueras de la sede de la Asamblea y quienes se convirtieron en habitantes temporales de Montecristi y de Manta. Un aire de entusiasmo social envolvió las labores de los constituyentes, más allá de lo que al final fue recogido y de lo que fue dejado de lado, más allá de las ilusiones y de las decepciones.

No era sólo la asamblea ni el mito constitucional ni, mucho menos, la figura presidencial –que, por entonces no había adquirido aún la dimensión caudillista de que fue revistiéndose luego. Existía, sobre todo, la sensación de un lazo profundo que unía ese momento con los años de lucha. Por eso se entiende que muchos de los temas planteados por las distintas organizaciones y movimientos sociales y que muchas de las demandas que se expresaron en las movilizaciones contra el régimen neoliberal fueran finalmente recogidas en el texto constitucional…, aunque otros no lo hayan sido. ese a su importancia, el entusiasmo y la participación no son lo único que dota de un carácter determinado a cualquier constitución. En lo que fue recogido por el texto, al final redactado más bien al margen de la movilización que lo había acompañado en su trayecto, quedaron desde el inicio inconformidades, discusiones y debates que fueron parte del proceso político de aquellos años, y que –aunque por entonces aún no se tuviera plena conciencia de ello marcaron y trazaron las líneas por las que transcurrirían los duros conflictos que no mucho más tarde separaron y enfrentaron radicalmente a las más importantes organizaciones y movimientos sociales con el gobierno que reclamaba la paternidad de la nueva constitución.

Una cosa es el carácter retórico de sus postulados de principio y otra cosa es la concreción práctica de esos postulados en nuevas relaciones sociales y políticas (dígase, por ejemplo, la plurinacionalidad o los derechos de la naturaleza). Esto, evidentemente, tiene que ver con toda constitución, con toda sociedad y con todo proceso político y social. Es obvio que la constitución del 2008 y los debates alrededor de ella estuvieron marcados no solo por la amplia movilización social, sino también por el carácter del gobierno que impulsó ese proceso, el correísmo. Es decir, por su carácter populista –por lo tanto, bonapartista- y, en consecuencia, por su relación con los conflictos sociales y con las demandas populares.

El reconocimiento y la negación estuvieron presentes durante todo el período correísta: reconocimiento de unos derechos, pero negación de otros; reconocimiento de derechos en el texto, pero negación en la práctica, incluso actuando abiertamente en contra de esos derechos; reconocimiento constitucional de derechos y principios, pero su rebajamiento en los códigos y en las leyes; reconocimiento formal de las demandas sociales, pero negación de los sujetos de esas demandas. Esto marca el carácter contradictorio del correísmo como proceso político, pero, así mismo, de los procesos sociales y políticos que está viviendo la sociedad ecuatoriana en un arco temporal que inicia con el “retorno” a la constitucionalidad y continúa desenvolviéndose hasta el momento actual.

Es en ese contexto que hay que enfocar los debates en torno a la constitución. Ciertas discusiones que se dieron en el primer momento, referidas sobre todo a los derechos y a las garantías, aparecen nuevamente ahora. En la actualidad, la crítica al carácter presuntamente garantista de la constitución viene de la mano de la ofensiva de las derechas, que básicamente intentan reconstituir un régimen político de democracias restringidas como el que vivió e el periodo de la primera oleada neoliberal. Y esto lo vemos no sólo en el Ecuador, sino en toda América Latina.

Los grandes grupos de poder económico y las derechas, que son sus expresiones políticas, han desatado una muy fuerte ofensiva para echar abajo derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Un pequeño ejemplo es la Ley de uso progresivo de la fuerza, otro ejemplo está en las propuestas de reformas laborales promovidas desde el poder ejecutivo, aun otro ejemplo se sitúa en las discusiones en torno a los derechos colectivos y los derechos de las mujeres. Es un proceso generalizado; las derechas no estaban de acuerdo con la constitución en el momento en que se aprobó y siguen sin estar conformes en la actualidad. Buscan recrear un marco constitucional que esté más acorde con el despotismo del capital y con las apetencias abiertas tras sus recuperaciones electorales y el campo libre que les dejó el manejo de la pandemia.

Quizás quieran echar abajo la constitución entera, y ya hay sectores que han propuesto volver a poner en vigencia la constitución de 1998 –ya que, aunque reconoce una diversidad de derechos sociales, en su parte económica es esencialmente neoliberal. Quizás se conformen con deshacerse de partes de ella; al fin y al cabo, en este tiempo nos han demostrado que pueden convivir bien con algunas leyes correístas, como el código integral penal, por ejemplo.

Y todo esto ocurre en momentos en los cuales, a diferencia de 2008, el ambiente social y segmentos cada vez más amplios de la mentalidad están girando hacia el conservadurismo y la derechización; al mismo tiempo, la conflictividad se acentúa y se profundiza. Ya lo vimos en octubre de 2019, lo hemos vuelto a ver en junio de 2022. Hay entonces una responsabilidad de la sociedad entera, y de la academia en particular, de poner abiertamente a la discusión estos temas. No se trata solamente de defender un derecho u otro, se trata de ubicarnos en el ambiente de retroceso y de nuevas opresiones y violencias que se intenta imponer al conjunto de la sociedad. En esas condiciones, la discusión de la Constitución de 2008 es absolutamente pertinente, y eso queda reflejado en los artículos reunidos en esta publicación. Pues se trata del debate sobre el presente y el futuro del país.

Mario Unda Soriano

Universidad Central del Ecuador

E-mail: munda@uce.edu.ec