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CUESTIONES POLÍTICAS 
Vol. 43 Nº 82 (2025): 62-76
Claro está, la toma de decisiones es fundamental para alcanzar el 
bien común, para consolidar el Estado de Derecho, así como para medir 
sus  fortalezas  y  debilidades,  con  la  nalidad  de  robustecer  el  derecho, 
garantizando la vida digna, frenando los niveles acelerados de inación y 
otros condicionamientos sociales que quiebran las condiciones de vida digna 
de los individuos, donde el bien común es un objetivo de todos; amerita 
de alianzas estratégicas, de integración, de unidad, de fortalecimiento 
democrático, de saber escuchar las demandas del pueblo y de los sectores 
sociales, haciendo que el trabajo sea visible dentro de las comunidades, de 
la sociedad civil, pero para que esto sea posible, se requiere superar los 
contextos asimétricos, dinamizar la actividad productiva, generar empleo. 
En otras palabras, reestructurar el Estado de Derecho, conducirse con una 
visión ética y responsable ante la sociedad, sin perder de vista lo fundamental 
del tema económico, del que depende la superación de la pobreza, la 
generación de fuentes de trabajo, mantener la salud, la educación, entre 
otros temas sensibles para la sociedad.  
Ahora bien, las experiencias sobre gestión de políticas públicas en 
América Latina no han quedado en la discusión teórica, se han dado una serie 
de experiencias prácticas, que han tenido como n mejoras en la sociedad 
y el bien común de los individuos. Al respecto, pueden mencionarse la 
implementación del programa de Bolsa Familiar en Brasil, bajo el gobierno 
de Lula da Silva en Brasil (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016), cuyo 
n es el apoyo a las familias en situación de pobreza extrema, ampliando la 
cobertura en alimentación, salud y educación. Fue un programa de Gestión 
de políticas públicas implementado en el año 2003 y convertido en ley en 
el año 2014. Para el año 2015, se estima que había beneciado a más de 
13.827.369 de familias, con un costo del 0,45% del Producto Interno Bruto 
brasileño, ayudando a la reducción del 15% de la pobreza en el país. 
En el caso de Uruguay, en el año 2007 fue puesto en práctica el Plan 
Ceibal, siendo una iniciativa que proporcionaba un computador portátil a 
cada estudiante y educador de escuelas públicas uruguayas, promoviendo 
así la inclusión digital. Esta Política Pública contribuyó en el rendimiento 
educativo de la nación, a cerrar las brechas tecnológicas y a la alfabetización 
digital, principalmente de zonas rurales. Además, el proyecto ofrece recursos 
digitales, plataformas y estrategias de formación y acompañamiento 
docente, vinculando a las comunidades y las escuelas con las tecnologías. 
Como resultado, los estudiantes mejoran las destrezas y competencias 
tecnológicas, propiciando un ambiente de aprendizaje certero y propicio 
para el siglo XXI. Se estima que su costo anual sea de cincuenta millones de 
dólares, lo que equivale al 0,2% del Producto Interno Bruto (Jara, 2016).
En materia de salud, en Venezuela se implementó la Misión Barrio 
Adentro, siendo una iniciativa de atención primaria en salud, que contó con 
la cooperación binacional Cuba-Venezuela, cuyo objetivo era el acceso a la