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CUESTIONES POLÍTICAS 
Vol. 41 Nº 79 (2023): 629-641
En lo tocante a las políticas educativas vinculantes a la IA, se pretende 
amalgamar la IA con el acto educativo, con políticas públicas enfocadas 
en  el  desarrollo  sostenible.  De  esta  manera,  planicación  de  políticas 
educativas y el uso de la inteligencia educativa convergen en una dinámica 
permanente, caracterizada por diversos aspectos que se han de considerar, 
como  la necesidad de inversión, los desequilibrios sociales, las falencias 
del Estado, las capacidades públicas y privadas de asimilación de la IA, 
los intereses conservadores y la urgencia de una adecuada gestión para 
transformar políticas educativas caducas en políticas educativas adaptadas 
a los avances vertiginosos de la sociedad digital (UNESCO, 2019).
En virtud de lo anterior, la IA ha de insertarse en los modelos educativos, 
en  la  práctica  docente  y  en  las  instituciones,  buscando  el  benecio 
estudiantil, pero también de las comunidades, sin que la interacción 
con tecnología de punta signique el quiebre de las relaciones humanas. 
Aunque el componente humano y las interacciones con la alteridad son 
fundamentales, la aparición de la IA en el contexto educativo demanda 
la revisión de conceptos clave dentro de la enseñanza, como la función 
docente, las competencias a desarrollar, la formación tecnológica y las 
capacidades para el trabajo efectivo. 
En el plano académico las virtudes del uso de la IA son muchas, 
entendiéndose como posibilidades de interacción con las ciencias de 
la salud, las ciencias sociales, la ingeniería, la informática, las ciencias 
empresariales y otras disciplinas que buscan estimaciones reales en tiempo 
récord, procesar cuantiosa información rápidamente, utilizando sistemas 
determinados por la IA. El desarrollo de algoritmos y la presencia en 
diversos campos de la ciencia, llevan a su difusión, aplicación e integración 
a las investigaciones académicas actuales (Ocaña et. al, 2019). 
En cuanto a la regulación y políticas públicas asociadas a la IA, diversos 
organismos internacionales como la ONU, la UE y la OCDE, han publicado 
una serie de recomendaciones, que destacan la responsabilidad del uso 
de las tecnologías, su función dentro de la educación, la investigación y la 
aplicación en los entornos sociales. Dichas orientaciones no son globales; 
sus  puntos  clave  pretenden  unicar  distintos  países,  pero  sin  integrar 
totalidad de criterios, como los concernientes al acceso a la información, el 
derecho a la privacidad, las implicaciones para el desarrollo sostenible, las 
limitaciones fronterizas, lo que ha dicultado acuerdos comunes (Abdala 
et. al, 2019). 
En atención a lo anterior, se ha aludido a que la mejor manera de 
afrontar el uso de la IA es acogerse a las políticas públicas y lineamientos 
constitucionales en materia educativa propio de cada nación, que cuentan 
con marcos jurídicos, normativos y regulatorios para el área educativa, de 
donde se sugiere que sólo es necesario adecuar las políticas públicas a los 
cambios introducidos por la IA. Ahora bien, adoptar esta posición implica