Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche"
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela
Esta publicación cientíca en formato digital es continuidad de la revista impresa
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197402ZU34
ppi 201502ZU4645
Vol.41 N° 79
Octubre
Diciembre
2023
Recibido el 12/05/23 Aceptado el 22/09/23
ISSN 0798- 1406 ~ De pó si to le gal pp 198502ZU132
Cues tio nes Po lí ti cas
La re vis ta Cues tio nes Po lí ti cas, es una pu bli ca ción aus pi cia da por el Ins ti tu to
de Es tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli co “Dr. Hum ber to J. La Ro che” (IEPDP) de la Fa-
cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas de la Uni ver si dad del Zu lia.
En tre sus ob je ti vos fi gu ran: con tri buir con el pro gre so cien tí fi co de las Cien cias
Hu ma nas y So cia les, a tra vés de la di vul ga ción de los re sul ta dos lo gra dos por sus in ves-
ti ga do res; es ti mu lar la in ves ti ga ción en es tas áreas del sa ber; y pro pi ciar la pre sen ta-
ción, dis cu sión y con fron ta ción de las ideas y avan ces cien tí fi cos con com pro mi so so cial.
Cues tio nes Po lí ti cas apa re ce dos ve ces al año y pu bli ca tra ba jos ori gi na les con
avan ces o re sul ta dos de in ves ti ga ción en las áreas de Cien cia Po lí ti ca y De re cho Pú bli-
co, los cua les son so me ti dos a la con si de ra ción de ár bi tros ca li fi ca dos.
ESTA PU BLI CA CIÓN APA RE CE RE SE ÑA DA, EN TRE OTROS ÍN DI CES, EN
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Re vicyhLUZ, In ter na tio nal Po li ti cal Scien ce Abs tracts, Re vis ta In ter ame ri ca na de
Bi blio gra fía, en el Cen tro La ti no ame ri ca no para el De sa rrol lo (CLAD), en Bi blio-
gra fía So cio Eco nó mi ca de Ve ne zue la de RE DIN SE, In ter na tio nal Bi blio graphy of
Po li ti cal Scien ce, Re vencyt, His pa nic Ame ri can Pe rio di cals In dex/HAPI), Ul ri ch’s
Pe rio di cals Di rec tory, EBS CO. Se en cuen tra acre di ta da al Re gis tro de Pu bli ca cio-
nes Cien tí fi cas y Tec no ló gi cas Ve ne zo la nas del FO NA CIT, La tin dex.
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M. C
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Co mi té Edi tor
Eduviges Morales Villalobos
Fabiola Tavares Duarte
Ma ría Eu ge nia Soto Hernández
Nila Leal González
Carmen Pérez Baralt
Co mi té Ase sor
Pedro Bracho Grand
J. M. Del ga do Ocan do
José Ce rra da
Ri car do Com bel las
An gel Lom bar di
Die ter Nohlen
Al fre do Ra mos Ji mé nez
Go ran Ther born
Frie drich Welsch
Asis ten tes Ad mi nis tra ti vos
Joan López Urdaneta y Nil da Ma rín
Re vis ta Cues tio nes Po lí ti cas. Av. Gua ji ra. Uni ver si dad del Zu lia. Nú cleo Hu ma nís ti co. Fa-
cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas. Ins ti tu to de Es tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli co
“Dr. Hum ber to J. La Ro che”. Ma ra cai bo, Ve ne zue la. E- mail: cues tio nes po li ti cas@gmail.
com ~ loi chi ri nos por til lo@gmail.com. Te le fax: 58- 0261- 4127018.
Vol. 41, Nº 79 (2023), 418-432
IEPDP-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - LUZ
El papel del Estado de Derecho en el
desarrollo: Teorías y desafíos presentes
DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4179.28
Oshiel Martínez Chapa *
Resumen
Las naciones aspiran a alcanzar un mayor progreso a partir
de la conjunción del capital humano, natural e institucional. El
propósito del presente trabajo es analizar las teorías fundamentales
en torno al papel del Estado de Derecho y cómo se relaciona
con el desarrollo. La hipótesis planteada es que se requiere un
marco normativo que debe ser respetado por todos. El método
empleado es fundamentalmente descriptivo y los datos proceden
de Rule of Law Index y de la Encuesta del Latinobarómetro. Los
indicadores de Estado de Derecho muestran consistentemente
que los ciudadanos, en lo general, alcanzan mayores niveles de
bienestar cuando hay apego a la legalidad, lo cual concuerda
con lo que establece la teoría. Se concluye en señalar la importancia de
privilegiar políticas y prácticas consecuentes que deben trascender al
plano político e ideológico. El trabajo se estructura de la siguiente forma:
en la primera parte se realiza una revisión de la literatura; en la segunda
se destacan la metodología y los datos empleados; la tercera aborda la
discusión; nalmente se presentan las conclusiones del caso.
Palabras clave: Estado de Derecho; legalidad democrática; desarrollo;
conanza en las instituciones; modelos de desarrollo.
* Profesor del Tecnológico Nacional de México y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctorado
en Economía (Instituto Internacional del Derecho y del Estado). Maestro en Economía (Universidad
Autónoma de Tamaulipas). Maestro en Administración (Universidad Autónoma de Nuevo León).
Profesor del Tecnológico Nacional de México y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ORCID ID:
http://orcid.org/0000-0001-9675-5472. Email: omartinez@docentes.uat.edu.mx
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CUESTIONES POLÍTICAS
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The Role of the Rule of Law in Development: Theories
and Present Challenges
Abstract
Nations aspire to achieve greater progress based on the combination of
human, natural and institutional capital. The purpose of this paper is to
analyze the fundamental theories on the role of the rule of law and how
it relates to development. The hypothesis put forward is that a normative
framework is required that must be respected by all. The method used is
primarily descriptive and the data are from the Rule of Law Index and the
Latinobarómetro Survey. The Rule of Law indicators consistently show
that citizens, in general, achieve higher levels of well-being when there is
adherence to the rule of law, which is consistent with what is established by
theory. It concludes by pointing out the importance of favoring consistent
policies and practices that should transcend the political and ideological
level. The paper is structured as follows: the rst part is a review of the
literature; the second part highlights the methodology and data used; the
third part deals with the discussion; nally, the conclusions of the case are
presented.
Keywords: Rule of Law; democratic legality; development; trust in
institutions; development models.
Introducción
Para alcanzar su máximo desarrollo económico y social, las naciones
requieren de instituciones sólidas y reglas respetadas sin excepción. A
partir de los hechos y de los registros ociales de los órganos de procuración
de justicia, se advierte cómo permanentemente se desafía a los gobiernos
debido a la falta de respeto hacia el orden y la legalidad. No son pocos los
países cuyos ciudadanos no se sienten representados por las autoridades,
dado que éstas siguen una agenda política y económica distinta a la del
interés público (Latinobarómetro, 2022).
Uno de los peligros que se observa en las democracias es que cuando
no existe la separación de poderes, uno de ellos se coloca por encima,
transgrediendo así los derechos ciudadanos fundamentales amparados por
la Constitución política. Las leyes no deben ser letra muerta. El Estado de
Derecho signica la garantía de defensa ante amenazas o agravios contra la
propiedad, la libertad, la salud y demás derechos ciudadanos. Entraña una
norma o ley con contenido de justicia. La justicia implica, entre otras cosas,
el acceso a ella en términos de igualdad ante la ley.
420 Oshiel Martínez Chapa
El papel del Estado de Derecho en el desarrollo: Teorías y desafíos presentes
El desarrollo constituye un medio fundamental para la promoción del
bienestar. Cada sociedad decide qué aspectos considerar acorde a una
visión determinada. Puede ser más o menos propensa a medir el bienestar
en términos de orden material o no. Sin embargo, una gran parte de la
humanidad está sufriendo carencias elementales de manera persistente a
pesar de la creación de instituciones internacionales comprometidas con
las agendas para reducir las brechas sociales (Acemoğlu y Robinson, 2012).
Por otro lado, y de acuerdo con Ramos Sánchez (2010), en países como
México hay señales de agotamiento de las instituciones de procuración de
justicia, de ausencia de negociación pacíca con respecto a las diferencias
políticas y de un papel muy cuestionado del Estado en su tarea de favorecer
una sociedad menos desigual y dividida
Las instituciones gubernamentales suelen ser desaadas por la
criminalidad que azota con fuerza a los países. El contrabando, la piratería
y todas las actividades de la delincuencia organizada son enormemente
lucrativos; y en la impunidad, la capacidad de inltración y las fragilidades
institucionales del sistema político y judicial se advierten enormes
oportunidades para su prevalencia. Las muestras de crueldad observadas
por las organizaciones criminales revelan una descomposición moral y
social de extrema gravedad.
Hay países que han avanzado en la creación de regulaciones en los
diversos campos de la actividad humana. Se han creado leyes de protección
a las mujeres, menores, ancianos y demás grupos vulnerables. Sin embargo,
el problema fundamental sigue su curso. Por tanto, es imperativo encontrar
la forma en la cual se reduzcan las transgresiones a las víctimas en particular,
así como en lo fundamental reducir las distorsiones señaladas (Martínez
Chapa, 2021).
1. Revisión de la literatura
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia
de la Lengua Española, s/f), el Estado de Derecho es el régimen propio
de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la
libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio
de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. A
este mismo respecto, el Diccionario Jurídico (s/f) señala que el Estado de
Derecho es aquel en el que los poderes públicos se regulan de acuerdo con
normas generales constitucionales y se deben ejercer en el ámbito de las
leyes que los regulan, salvo el derecho de un ciudadano de recurrir a un
juez independiente a n de que se le reconozcan aquéllos y, por otro lado,
se rechace el abuso del poder.
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El Rule of Law es la versión inglesa de lo que se conoce como “imperio
de la ley” o “gobierno de leyes”. Esa era la idea subyacente de la revolución
inglesa: había que limitar el poder del rey a partir de la creación del
Parlamento, pues en teoría este último representa al pueblo. Eventualmente
ello derivó en la necesidad de establecer el principio de separación de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Para Williamson (1985), la creación de reglas en una sociedad no
es suciente si los ciudadanos no se apegan a ellas, por lo que existe la
obligación a respetar las leyes emanadas de la Constitución política, pero
también las de la propia conciencia, pues de otro modo no se alcanzarían
las metas fundamentales de la justicia social y económica. El derecho
constitucional, por su parte, plantea aspectos fundacionales en el ideal de
alcanzar la armonía social basada en los contratos y la propiedad.
De acuerdo con Ferguson (1792) y Hayek (1944), el orden espontáneo es
el resultado de la denominada ‘acción humana’: no meramente del designio
humano. Para estos autores, un gobierno apegado a las leyes y a la justicia
es fundamental a n de lograr la libertad, entendiendo a ésta no como la
liberación de las restricciones, sino más bien como la aplicación efectiva
de restricciones justas. Cabe decir que este tipo de acciones, en primera
instancia, fueron espontáneas y resultado de iniciativas libres más que de
reglas impuestas por el legislador o el Estado en particular.
Pese al costoso mantenimiento de los congresos, procuradurías y demás
organismos públicos, en muchas naciones no se alcanzan estándares de
legalidad y orden esenciales. Sobre esta misma línea de pensamiento se
pronunció Coase (1959), al señalar que el sistema de propiedad privada
no puede funcionar a menos que se observen los derechos y las libertades
fundamentales.
Ha-Joon (2006) cuestiona el sentido del establecimiento de criterios
estandarizados por parte de las instituciones globales de las potencias
de Occidente. Según el, se trata de un paradigma impuesto en el que los
países emergentes tienen dicultades para moverse de sus condiciones
iniciales, pues resulta que los derechos de propiedad y el imperio de la ley
normalmente no se privilegian en regiones donde privan la ilegalidad y la
corrupción de las élites políticas y empresariales.
Aunque año con año se publiquen los resultados de las encuestas
nacionales e internacionales sobre este tipo de temáticas, en los hechos
existe una formidable resistencia a renunciar a privilegios que signican el
abuso del poder de ciertos sectores políticos y empresariales.
Por su parte, Blanchard (2017) sostiene que la inversión no se consolida
si no se protegen tales derechos, o bien si el Estado, a través de funcionarios
corruptos, recurre a los sobornos para autorizar los permisos y licencias
con miras a operar en mercados especícos. A este respecto, Samuelson
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El papel del Estado de Derecho en el desarrollo: Teorías y desafíos presentes
y Nordahus (2010) puntualizan la necesidad de privilegiar el Estado de
Derecho en la perspectiva de la ciencia económica:
Una de las inuencias más importantes, pero sutiles se reere a las instituciones
de mercado. Las economías más exitosas —como los Países Bajos y Luxemburgo
en Europa o Taiwán o Hong Kong en Asia— han ofrecido un ambiente seguro para
la inversión y el talento empresariales. Esto exigió el establecimiento de derechos
de propiedad guiados por el Estado de Derecho… los países deben combatir la
corrupción, que es un sistema impositivo privado, que depreda a las empresas más
lucrativas, crea incertidumbre sobre los derechos de propiedad, eleva los costos y
congela la inversión… Los países que ofrecen una estructura institucional favorable
atraen fuertes ujos de capital extranjero, mientras que países con instituciones
débiles atraen fondos extranjeros relativamente escasos y sufren de una “fuga de
capitales” cuando los residentes locales transeren sus fondos al exterior para
evitar el pago de impuestos, la expropiación o la pérdida de valor (2010: 599).
Para ncar su desarrollo, las naciones precisan la adopción de leyes y
costumbres apegadas a la legalidad, el Estado de Derecho y la conducta ética.
Uno de los casos más exitosos de bienestar es el de Singapur. Se trata de
un país con un trasfondo de pobreza generalizada, desempleo, corrupción,
dominación de otras potencias, además de carencias de recursos naturales.
En 1963 logró su independencia de Gran Bretaña y su gobierno comenzó
a sentar las bases de su desarrollo. Gradualmente adoptó políticas de una
economía de mercado tendiente a atraer inversiones nacional y extranjera.
El gobierno no se apresuró a elevar su gasto público, tampoco incrementó
signicativamente los impuestos y aranceles; más bien adoptó políticas
para favorecer la competitividad, además de realizar inversiones necesarias
para modernizar la infraestructura.
Otras acciones de gobierno de Singapur cruciales en este empeño
tuvieron que ver con el fomento del ahorro interno y políticas sociales para
beneciar a la ciudadanía a través de la educación, la salud y el capital
humano. Los niveles de criminalidad son bajos y el turismo y las inversiones
en cartera uyen, pues el sistema de instituciones políticas y económicas es
sólida como para inspirar la conanza. Sus valores éticos tienen que ver
con la defensa de las tradiciones como el apego a la familia, el matrimonio
entre hombre y mujer, el respeto a los derechos de los demás, la libertad de
creencia y demás.
De acuerdo con el documento Rule of Law Index (World Justice Project,
2022), el Estado de Derecho afecta a los ciudadanos todos los días, pues
todos los sectores de la sociedad tienen que ver directa o indirectamente
con esa condición. A continuación, se presentan algunas situaciones:
En cuanto a la inversión, considere un inversor que busca comprometer
recursos en el extranjero. Probablemente lo pensaría dos veces antes de invertir
en un país donde la corrupción es rampante, los derechos de propiedad están mal
denidos y los contratos son difíciles de hacer cumplir. La aplicación desigual de
las regulaciones, la corrupción, los derechos de propiedad inseguros y los medios
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inecaces para resolver disputas socavan los negocios legítimos y disuaden la
inversión nacional y extranjera… En cuanto a las obras públicas de infraestructura,
considere los puentes, las carreteras o las pistas de aterrizaje que atravesamos a
diario, o las ocinas y los edicios en los que vivimos, trabajamos y jugamos. ¿Qué
pasaría si no se hicieran cumplir los códigos de construcción que rigen el diseño y la
seguridad? ¿Qué pasaría si los funcionarios del gobierno y los contratistas usaran
materiales de baja calidad para embolsarse el excedente? La débil aplicación de
las normas y la corrupción reducen la seguridad de la infraestructura física y
desperdician recursos escasos, que son esenciales para una economía próspera…
En cuanto a la salud pública y medio ambiente, considere las implicaciones de la
contaminación, la caza furtiva de vida silvestre y la deforestación para la salud
pública y el medio ambiente. ¿Qué pasaría si una empresa estuviera vertiendo
químicos dañinos en un río en un área altamente poblada y el inspector ambiental
ignorara estas acciones a cambio de un soborno? La adhesión al Estado de Derecho
es esencial para responsabilizar a los gobiernos, las empresas, las organizaciones
de la sociedad civil y las comunidades por la protección de la salud pública y el
medio ambiente (2022: 13).
La falta de apego a la legalidad y a los derechos ajenos propicia
conicto y confrontación, en lugar de cooperación y desarrollo. Ya desde
el pasado se entendían estos principios, aun cuando no existía la autoridad
gubernamental formalmente establecida. De este modo, las personas y
organizaciones se las arreglaban con los asuntos diversos relativos a la
determinación de los sistemas de pesas y medidas, sistemas monetarios, de
impartición de justicia, de comercio nacional e internacional, de liderazgo
y demás, todo ello como premisa al respeto de derechos esenciales
reconocidos en los ámbitos señalados (Levítico 19: 36-37; Proverbios 16:
1; Romanos 13: 1-7, Santa Biblia VRV, 1960). Así, las invasiones, guerras y
demás calamidades constituían un quebranto al ideal de respeto y de buena
vecindad.
2. Metodología y datos
En este trabajo se emplea como metodología cualitativa el análisis
documental y como cuantitativa el análisis de los datos, los cuales proceden
del Rule of Law Index y de la Encuesta Latinobarómetro. Las variables
bajo estudio son la adherencia al Estado de Derecho y la conanza en las
instituciones gubernamentales.
El cuadro 1 muestra las caracterizaciones económicas y políticas y,
respectivamente, cómo se relacionan las fallas institucionales y el Estado
de Derecho en los ámbitos político y económico. El apego a la legalidad
contribuye al propósito de no reproducir patrones que aumentan la
desigualdad, la informalidad, falta de incentivos para hacer lo correcto y
demás conductas ciudadanas deseables.
424 Oshiel Martínez Chapa
El papel del Estado de Derecho en el desarrollo: Teorías y desafíos presentes
Cuadro 1. Fallas institucionales del Estado de Derecho
Dimensiones Caracterizaciones Derivaciones
Económica Políticas económicas fallidas.
Estado débil en hacer cumplir leyes
y regulaciones.
Contrabando y piratería.
Crecimiento de la informalidad.
Baja recaudación y pobre desempeño
económico.
Política Imposición de leyes, las cuales no
protegen a la mayoría.
Desconanza ante las autoridades,
pues las leyes se realizan al margen
de los ciudadanos.
Explotación social permitida.
Falta de compromiso respecto a
obligaciones ciudadanas.
En los peores casos, ingobernabilidad
y desintegración social (prevalencia de
usos y costumbres locales).
Impunidad y ley del más fuerte.
Fuente: elaborado por Martínez Chapa et al., (2021) con base en Ruiz (2012).
De acuerdo con Hayek (1944), a mediados del siglo XX las premisas
libertarias se dejaron de lado y, en algunos países de Occidente, en
su lugar creció el intervencionismo gubernamental. Sin embargo, tal
intervencionismo demostró su incapacidad para erradicar la injusticia y
la desigualdad. La falta de apego hacia el Estado de Derecho —con leyes
y reglas establecidas— ha dado lugar a democracias débiles, desigualdad
creciente y, en el peor de los casos, a situaciones de anarquía generalizada,
propia de Estados fallidos donde imperan la fuerza y la violencia en lugar
de la razón y, como consecuencia, crecen el contrabando, la falsicación, la
ilegalidad, el deterioro de los recursos naturales y el sufrimiento.
El cuadro 2 muestra la variable adherencia al Estado de Derecho en una
lista de países agrupados en tres categorías de puntuaciones. La medición del
estudio va de 0 —que signica una débil adherencia al Estado de Derecho—
a 1 —que equivale a un vínculo fuerte—, y se construye a través de ocho
grandes rubros. De acuerdo con el Índice Global de Estado de Derecho,
los aspectos que se miden son: restricciones a los poderes del gobierno;
ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden
y seguridad; aplicación reglamentaria; justicia civil y justicia penal.
Cuadro 2. Adherencia al Estado de Derecho en países seleccionados
Países Puntuación Posición en el ranking
En lo más alto de la lista
Dinamarca 0.90 1
Noruega 0.89 2
Finlandia 0.87 3
Suecia 0.86 4
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CUESTIONES POLÍTICAS
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En la mitad de la lista
Malawi 0.52 66
Trinidad y Tobago 0.52 67
Moldavia 0.52 68
Nepal 0.52 69
Bosnia y Herzegovina 0.52 70
En lo más bajo de la lista
Haití 0.35 136
República del Congo 0.35 137
Afganistán 0.33 138
Cambodia 0.31 139
Fuente: elaborado por el autor con base en Rule of Law Index (World Justice Project, 2022).
En el propósito de aanzar el Estado de Derecho es fundamental el
papel de la conanza en las diversas instituciones concurrentes, entre ellas
las gubernamentales. El cuadro 3 muestra datos relativos a dicha conanza,
en este caso, respecto al Congreso, al Gobierno y al Poder Judicial para
los países de América Latina. Cabe observarse que las puntuaciones más
altas no alcanzan ni siquiera los 50 puntos, algo en verdad grave dado lo
costoso que resulta el mantenimiento de estas instituciones por parte de
los ciudadanos.
Cuadro 3. Conanza en las instituciones gubernamentales asociadas
al Estado de Derecho
Países Congreso Gobierno Poder Judicial
Argentina 27 35 25
Bolivia 25 35 24
Brasil 25 32 39
Chile 32 46 29
Colombia 24 35 31
Costa Rica 29 32 44
Ecuador 22 35 23
El Salvador 27 35 28
Guatemala 20 24 23
426 Oshiel Martínez Chapa
El papel del Estado de Derecho en el desarrollo: Teorías y desafíos presentes
Honduras 29 29 28
México 28 28 27
Nicaragua 23 31 26
Panamá 23 32 28
Paraguay 25 34 24
Perú 18 25 18
República Dominicana 35 42 35
Uruguay 44 49 49
Venezuela 35 40 34
Máximo 44 49 49
Mínimo 18 24 18
Promedio 27.3 34.4 29.7
Desviación estándar 6.2 6.6 7.9
Fuente: Latinobarómetro, 2021.
La creación de instituciones sólidas es un imperativo y a las mismas hay
que dotarlas de mecanismos para incentivar las buenas prácticas. Paralelo
a ello, se deben desincentivar la ilegalidad y explotación de personas y de
recursos naturales. En ese tenor, se precisa crear y respetar reglas justas,
pero no sólo dirigidas hacia el ámbito político y empresarial: también
deben estar en la mente de los ciudadanos, quienes tendrán claro que la
transgresión de estas conlleva consecuencias graves. Fortalecer el Estado
de Derecho, por tanto, es condición indispensable para alcanzar las metas
de mayor bienestar social (véase cuadro 4).
427
CUESTIONES POLÍTICAS
Vol. 41 Nº 79 (2023): 418-432
Cuadro 4. Caracterización y benecios del fortalecimiento
del Estado de Derecho
Caracterización Benecios
Énfasis en alcanzar elevada con-
anza y certidumbre entre los in-
versionistas.
Respeto a los derechos de propie-
dad y demás libertades.
Instituciones gubernamentales,
empresariales y de la sociedad civil
respetables.
Cultura de difusión de reglas claras
para toda la sociedad y la necesidad
de apegarse a ellas.
Mayores niveles de bienestar y
potenciación de las capacidades de
los ciudadanos.
Mayor conanza en los Poderes
Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
Reducción de los costos de tran-
sacción.
Mayor certidumbre respecto al
futuro en el plano social, económi-
co y político.
Fuente: Elaborado por los autores.
3. Discusión
De acuerdo con Pomes (2023), el Índice Global del Estado de Derecho
es la mejor referencia para un análisis de la salud de las democracias. Los
cuatro principios que inspiran dicha clasicación son: a) la rendición de
cuentas ante la ley de gobiernos y agentes privados; b) unas leyes justas,
claras y estables que son aplicadas de forma equitativa; c) un gobierno
abierto y transparente; y d) mecanismos accesibles e imparciales para
resolver conictos. Por su parte, los ocho factores que cuantican esos
objetivos son: a) los límites puestos a las instituciones gubernamentales y la
separación de los tres poderes; b) orden y seguridad, incluyendo el control
efectivo de la delincuencia; c) cumplimiento regulatorio: mide si hay
sobornos en la adjudicación de servicios públicos, el retraso injusticado
de los procedimientos y si el Gobierno respeta el derecho de propiedad;
d) ausencia de corrupción; e) gobierno abierto y transparente; f) derechos
fundamentales; g) justicia civil; y h) justicia penal.
Siguiendo a Pomes (2022), la edición 2022 del Índice Global del Estado
de Derecho muestra un evidente deterioro en la gobernanza en todo el
mundo dado que la violencia, la corrupción y la impunidad afectan a millones
de personas. Desafortunadamente, un número creciente de gobiernos ha
actuado contra el derecho al debilitar los controles que salvaguardan las
libertades ciudadanas, garantizan la aplicación justa de las leyes y protegen
los derechos humanos.
No puede ser asunto menor advertir de la pobre calidad de las
instituciones gubernamentales; el enorme tamaño de la burocracia; el
428 Oshiel Martínez Chapa
El papel del Estado de Derecho en el desarrollo: Teorías y desafíos presentes
costoso mantenimiento de los partidos políticos; el crecimiento de los
impuestos y el gasto público; la carga scal, entre otros; todo ello en un
contexto de disparidades en el ingreso y una fuerte concentración económica
y política.
Lo anterior pone de maniesto cuán frágiles son muchas de las
instituciones a la hora de procurar los derechos de los ciudadanos. La
persistencia de las brechas en el ingreso revela también la incapacidad de
los gobiernos para ampliar las oportunidades de progreso entre ciudadanos
que viven en desventaja. La inversión en el capital humano y la fortaleza
de instituciones como la familia tienen papeles muy importantes en este
quehacer.
Es innegable la crisis política y de gobernabilidad que se vive en muchas
naciones del mundo. Como consecuencia de ello, el sistema democrático
en muchos países sigue siendo frágil por cuanto se presentan conictos
poselectorales y se observa insatisfacción de los ciudadanos con sus
respectivos gobiernos. No basta con tener nuevas leyes, funcionarios y
recursos, si no se privilegia el respeto por las instituciones y, a través del
servicio público, se dignica a los ciudadanos. Se ha demostrado que no es
suciente con tener una agenda legislativa con temas de vanguardia en la
mesa de discusión.
Las instituciones formalmente establecidas para la procuración de
justicia y apego a la legalidad son costosas y se vuelven una carga que no
quiere llevarse más; prueba de ello es la exigencia de reducir el número de
diputados, senadores, además de los enormes costos del funcionamiento
del Estado.
Buena parte de América Latina tiene una baja aprobación de
prácticamente todas las instituciones. Según Cordera Campos (2015), se
trata de una reacción en apariencia injusticada, si se toma en cuenta el
tamaño de la economía y la magnitud de la riqueza, así como el ingreso
concentrado entre las elites políticas y empresariales, cuyos personeros
y corporaciones no se caracterizan precisamente por sus capacidades
innovadoras o emprendedoras.
El funcionamiento de las instituciones formales se torna disfuncional
cuando los objetivos de grupo, partido o individuo se colocan por encima
de los objetivos nacionales. Los vacíos de autoridad y omisiones empeoran
las cosas para los ciudadanos que exigen un actuar del gobierno en favor de
ellos.
La vida electoral y política de las naciones suele ser intensa, compleja y
muy a menudo deja un sentido de insatisfacción entre las grandes mayorías.
En ese sentido, es de esperar que las democracias encaren enormes retos
para legitimarse y lograr la conanza ciudadana. Hoy día, prácticamente
no hay partido político serio que gobierne con suciente aprobación por un
largo periodo en el mundo civilizado.
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CUESTIONES POLÍTICAS
Vol. 41 Nº 79 (2023): 418-432
En el siglo XX y lo que va del siglo XXI, en algunas naciones se
ha intensicado una cruenta batalla entre las pandillas y cárteles del
narcotráco, quienes, disputándose la geografía, recursos estratégicos
y dinero, no reparan en considerar el sufrimiento que traen consigo sus
acciones de violencia. Aunado a la situación económica tan adversa para
la mayoría, el fenómeno referido ha elevado la inseguridad a niveles
nunca vistos en tiempos de paz. Entre los efectos de esta tragedia deben
señalarse el dolor por los fallecimientos y desaparecidos, delitos al alza,
desplazamiento, así como la violación de derechos humanos. Traer justica
a las víctimas, en la inmensa mayoría de los casos, no se ha hecho realidad,
pues prácticamente no hay reparaciones por los daños perpetrados.
No son pocos quienes, ante lo ya expresado, se plantean cuestionamientos
como los siguientes: ¿de qué sirven las reformas estructurales si no hay paz
y desarrollo inclusivo? ¿De qué sirven la modernización y liberalización si
no hay justicia y se agrava la desigualdad? ¿De qué sirve incrementar el
gasto para seguridad y defensa nacional si la mayoría de los ciudadanos
teme salir a la calle?
La crisis actual no sólo es de carácter económica; más bien se trata de
una crisis que ha venido expandiéndose y que alcanza las esferas de lo
político, económico, social, educativo, pero, sobre todo, de los valores. Hay
señales de descuido en instituciones como la familia, la religión, la empresa,
la escuela y, por supuesto, la función pública y la gobernabilidad. Según lo
expresan Ortega Ruiz y Mínguez Vallejo (s/f), existe evidencia de tal crisis
debido a la pérdida de vínculos, de ataduras, de lazos culturales profundos
y de sentimientos de liación social. Todo ello genera la sensación de vivir
en un mundo sin raíces, ni historia, ni posibilidades de pertenencia, y
cuya expresión más inmediata es un sentimiento de vaciedad y frustración
generalizado.
Conclusiones e implicaciones
En este trabajo se ha hecho hincapié en el papel relevante del Estado de
Derecho en el desarrollo, destacando los aspectos teóricos y reexionando en
torno a la realidad observada. Tanto las instituciones como las regulaciones
llevan implícitos costos económicos y se espera que incidan en la sociedad.
Se ha enfatizado en la necesidad de privilegiar el Estado de Derecho a n de
que la sociedad se enle a una cultura de apego a la legalidad y todo lo que
ello entraña.
Un Estado de Derecho débil ante la corrupción generalizada y la
impunidad ha traído graves consecuencias sociales y económicas. Hoy
se halla más reforzada la idea de la creciente inseguridad pública, la
preocupación de que el narcotráco llegue a dominar las instituciones
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El papel del Estado de Derecho en el desarrollo: Teorías y desafíos presentes
gubernamentales o la perspectiva de que los ciudadanos se hagan justicia
por su propia mano. En cuanto a la impartición de justicia, especialmente
en materia de derechos humanos, se advierte un incremento preocupante
de casos en los que se denuncian abusos cometidos por las fuerzas del orden.
Las propuestas de transformar la economía y la sociedad suelen ser
lentas, difíciles de consolidar y tienen riesgos de pobre operación. Existen,
como se sabe, visiones distintas del desarrollo: más mercado o menos
Estado, propiciando hasta ahora una larga discusión. Estas visiones son
normales y de esperarse. Sin embargo, la cuestión es ver si la sociedad
está dispuesta a respetar las leyes, acuerdos y contratos, y de este modo se
superan los problemas sociales y económicos arraigados.
Los países de América Latina han padecido de altos niveles de
deshonestidad en todas sus estructuras sociales. Lamentablemente se
han mantenido intactas las estructuras de aanzamiento de intereses
políticos y económicos en virtud de que las clases sindicales, empresariales,
burocráticas y políticas mantienen sus cuotas de poder, aun cuando ello ha
signicado la postergación de las metas de un desarrollo menos desigual.
Esto ha signicado el incremento del riesgo de erosionar aún más la
capacidad de las instituciones en la impartición de justicia, seguridad,
salud, educación, expectativas de trabajo y demás derechos ciudadanos.
A la luz de los resultados obtenidos, en el plano de referencia se advierte
que la sociedad mexicana se sigue quedando corta, por lo que de nueva
cuenta la gran asignatura pendiente tiene que ver con la necesidad de
apegarnos a la legalidad. Los pobres resultados en los órdenes económico,
político, legal, social y medioambiental son un reejo de la misma pobreza
que se tiene con respecto a las valoraciones concernientes a la legalidad.
Aquí se circunscribe la llamada conducta antisocial, nombre renado
académicamente para describir esta desgracia.
En realidad, el grueso de la población es culpable de transgredir las
leyes espirituales y aquellas que rigen nuestra conducta. Por lo tanto, los
tribunales y la fuerza del Estado no son recursos sucientemente disuasivos
como solución para dicha problemática. En la mayoría de los países las
penas, multas y demás medidas punitivas no necesariamente cumplen con
su propósito de rehabilitación social. Aunque sea cuesta arriba, se precisa
de encauzar acciones para fortalecer el Estado de Derecho y una conducta
ética.
Referencias bibliográcas
ACEMOGLU, Daron y James ROBINSON. 2012. Why Nations Fail: The Origins
of Power, Prosperity and Poverty. Crown Publishing Group. Nueva York,
USA.
431
CUESTIONES POLÍTICAS
Vol. 41 Nº 79 (2023): 418-432
BLANCHARD, Olivier. 2017. Macroeconomía, 7ª edición. Pearson. Madrid,
España.
COASE, Ronald. 1960. “The Problem of Social Cost” En: Journal of Law and
Economics. Vol. 3, pp. 1-44.
CORDERA CAMPOS, Rolando. 2015. De la economía de la injusticia a la
sociedad corroída. La Jornada. México.
DICCIONARIO JURIDICO. s/f. “Estado de derecho”. Disponible en línea. En:
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/estado-de-derecho/.
Fecha de consulta: 12/04/23
ENCICLOPEDIA JURIDICA ONLINE. s/f. Diccionario Ley y Derecho, “Ética”.
Disponible en línea. En: https://diccionario.leyderecho.org/etica/.
Fecha de consulta:10/03/23
FERGUSON, Adam. 1792. Principles and Moral and Political Sciences.
Edimburgo, USA.
HAA-JOON, Chang. 2006. “La relación entre las instituciones y el desarrollo
económico. Problemas teóricos claves” En: Economía Institucional. Vol.
8, No. 14.
HAYEK, Friedrich. 1944. Camino de servidumbre. Buenos Aires: Fundación
Hacer. Disponible en línea. En: http://www.hacer.org/pdf/Hayek15.pdf.
Fecha de consulta:12/04/23
LA BIBLIA.1960. Versión Reina Valera. Disponible en línea. En: https://
www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1%3A28-
29&version=RVR1960. Fecha de consulta:11/04/23
MARTINEZ, O; J. SALAZAR; S. QUISPE. 2021. “El valor de la conanza
institucional entre los agentes económicos en México: Teoría y hechos”
En: Revista Visión Gerencial. Vol. 20, No. 1, pp. 98-111.
MARTINEZ CHAPA, Oshiel. 2021. “Los valores éticos y la agenda del desarrollo:
algunas consideraciones para la formación educativa” En: RIDE Revista
Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. Vol. 11,
No. 22, pp. 11-25.
ORTEGA RUIZ, Pedro; MINGUEZ VALLEJO, Ramón. s/f. Familia y transmisión
de valores. Documento. Universidad de Murcia. Disponible en línea. En:
http://www.mercaba.org/ARTICULOS/F/familia_y_transmision_de_
valores.ht. Fecha de consulta:12/02/23.
432 Oshiel Martínez Chapa
El papel del Estado de Derecho en el desarrollo: Teorías y desafíos presentes
PARKIN, Michael. 2017. Macroeconomía, versión para América Latina, 11ª
edición. Pearson Educación. México.
POMES, Julio. 2022. Ranking Estado de Derecho. Fundación Civismo.
Disponible en línea. En: https://civismo.org/en/ranking-estado-de-
derecho/. Fecha de consulta: 14/03/23.
RAMOS SANCHEZ, J. 2010. México en una era de decadencia social. Instituto
Politécnico Nacional. México.
REAL ACADEMIA ESPANOLA. s/f. Diccionario de la Lengua Española, “Estado
(de Derecho)”. Disponible en línea. En: http://dle.rae.es/?id=GjqhajH.
Fecha de consulta: 14/03/23.
RUIZ, P. 2012. “Una visión sobre las facetas políticas del neoliberalismo
económico en México” En: Andamios. Vol. 9, No. 19, pp. 393-396.
SAMUELSON, P; W. NORDAHUS. 2010. Economía con aplicaciones en
América Latina. McGraw Hill. México.
SEN, Amartya. 1999. Desarrollo y libertad. Planeta. Buenos Aires, Argentina.
SEN, Amartya. 2002. “¿Qué impacto puede tener la ética?”, en Bernardo
Kliksberg (comp.), Ética y desarrollo, la relación marginada. El Ateneo.
Buenos Aires, Argentina.
WILLIAMSON, Oliver E. 1985. The Economic Institutions of Capitalism: Firms,
Market, Relational Contracting. The Free Press. Nueva York, USA.
WORLD JUSTICE PROJECT. 2022. Rule of Law Index. Índice Global de
Estado de Derecho. Documento. Disponible en línea. En: https://
worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIndex2022.
pdf. Fecha de consulta: 19/04/23.
www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncienticaluz.org
Esta revista fue editada en formato digital y publicada
en octubre de 2023, por el Fondo Editorial Serbiluz,
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
Vol.41 Nº 79
